PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, aseguró que con el fin de aliviar la deuda, manejar la cartera vencida, cuidar la responsabilidad del Instituto frente al reto que representa la no amortización de los créditos e incentivar a los acreditados a mantenerse al corriente en sus pagos, se implementó el Programa de Responsabilidad Compartida, que ha sido uno de los más exitosos en la historia del Instituto, tanto por el número de beneficiarios, más de 300 mil, como por la inversión que se ha hecho.

Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados insistió en que se aplicaron medidas extraordinarias para proteger el ahorro. El Consejo de Administración aprobó un mecanismo por el cual el pago mensual y los saldos de los créditos vigentes no serían afectados por el incremento de 22 por ciento al salario mínimo, ni por el aumento de la UMA para 2022.

Asimismo, aseguró que el Instituto no aumentará sus tasas de interés y que al cierre de agosto de este año la tasa fue menor que la tasa promedio bancaria y la de referencia del Banco de México.

Aclaró que en anteriores administraciones no había control en la calidad de las viviendas, sus conexiones y servicio, así como los usos de suelo, donde había crecimiento desmedido y servicios provisionales. Destacó que ahora, previo a su venta, las casas ya deben contar con servicios completos.

Respecto a la iniciativa para elevar a rango constitucional el tema del impago, observó que va en el mismo sentido de lo que se hizo a la reforma al 4º constitucional sobre hacer inembargables los recursos de programas sociales. En este caso, “creo que habría que revisarlo también a la luz del trabajo que encabeza la diputada Aleida Alavez sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles. De prosperar esta iniciativa, dejaría de existir el juicio civil hipotecario”.

Sin embargo, agregó, trabajamos en la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles donde proponemos que haya juzgados especializados en materia hipotecaria, que se transite hacia la oralidad en todos los estados, que lo que se dirima en el juicio hipotecario no sea sobre la deuda o el contrato de crédito sino sobre el bien, y que se piense en la insolvencia del acreditado.

Subrayó que esta iniciativa es la que se está trabajando y en este caso, vale la pena fortalecer el artículo 71 de la Ley donde se establece el principio de la cobranza social. Sobre la austeridad, informó que se ha reducido el gasto operativo en 20 por ciento en términos reales.

Dijo que 43 por ciento de créditos del instituto son para personas menores de 30 años con lo que resuelve una falla de mercado. Añadió que la principal meta para 2024 es reestructurar deuda en Responsabilidad Compartida y se busca llegar a un millón de conversiones.

Indicó que en el tema de ingresos “nos ha ido bien por el aumento del salario, pues de aportaciones patronales se recibirán 127 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil 700 millones tienen que ver con aumento de salario mínimo”. Agregó que eso ha permitido cumplir con programas de crédito Y la Reserva del Fondo de Inversiones en Valores que pasó de 165 mil millones a 480 mil millones de pesos.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Ivonne Cisneros Luján, dijo que es claro que el Infonavit ha cumplido su trabajo de convertir los créditos que eran impagables en créditos justos y pagables, bajo diversos esquemas que se han diversificado y que además tienen como propósito garantizar un mayor acceso a créditos y buscar que la gente tenga más opciones para acceder al derecho a la vivienda, que forma parte de la seguridad social.

Estimó necesaria una estrategia más fuerte que acabe con el problema de viviendas abandonadas y revisar el tema de la cobranza judicial. “Entendemos que no es el Infonavit quien lo hace, que tiene que ver con las carteras que fueron vendidas a otras instituciones financieras, pero realmente este tipo de cobranza es un dolor de cabeza para las familias y nosotros estamos aquí para trabajar por su bienestar, no para que su cotidianeidad se vea afectada, porque hay despachos que los amenazan con desalojarlos”.