PATRICIA RAMIREZ
Foto: Cortesía: TW @senadomexicano
Parlamentarios de todo el continente trabajan en la elaboración de la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la población LGBTTTIQ+ en el Continente Americano, como instrumento rector y referente que establezca el goce efectivo de los derechos políticos-electorales de este sector a nivel internacional.
La diputada Salma Luévano Luna, presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados explicó que este documento busca establecer las condiciones de transitar a la igualdad material, es decir, que se reconozca a la población sexo genérica diversa como una población en situación de desventaja que oriente a la actuación gubernamental en materia de derechos humanos.
Con la participación de expertos de 15 países de Centroamérica y el Caribe, se busca avanzar de manera progresiva en los derechos en materia y el acceso a la justicia electoral.
Luévano señaló que este evento sin precedentes, nació dentro del activismo de la población LGBTTTIQ+ en México, y con el propósito de visibilizar los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual y de género.
“Esperamos aportar al mundo un documento con un mínimo de principios y garantías que deben de ser respetados y aplicados por los países del continente americano, que si bien, no son vinculantes, es un primer paso seguir el camino de la convención”, subrayó.
Por su parte, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados destacó que esta Declaración de los derechos político-electorales, tiene como finalidad desde diversas instituciones, “refrendar nuestro compromiso por eliminar la discriminación y cualquier otra forma de violencia que se ejerza contra las personas de la comunidad”.
En ese contexto, refirió que junto con la comunidad de diversidad sexual en México y la izquierda, se logró un avance significativo de que por primera vez en la historia la Cámara de Diputados tiene a dos legisladoras trans, “lo que significa que tienen una voz para defender sus derechos y para impulsar cambios en la legislación”.
La diputada Salma Luévano explicó que participaron expertos de países como Colombia, Honduras, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, Argentina y Chile.
Dobre el principio del derecho a votar, entre las propuestas que destacan está el que en ninguna circunstancia los Estados limitarán el ejercicio del derecho al voto por motivos basados en identidad o expresión de género. Asimismo, las autoridades deberán garantizar que su voto sea libre, sin discriminación y con independencia. Que la información contenida sea la necesaria para emitir el voto acorde a la identidad de género de la persona.
Respecto al derecho a ser votadas, votades y votados, algunos de los planteamientos fueron que: todas las personas de la población LGBTTTIQ+ con ciudadanía reconocida tienen derecho a ser votadas sin discriminación, de tal forma que tengan un acceso real a los cargos de representación popular en igualdad de condiciones.
Su ejercicio efectivo incluye el derecho a obtener el registro para acceder y desempeñar el cargo, a permanecer en el cargo y a recibir la remuneración del cargo.
El derecho a asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en asuntos políticos plantea que toda persona con ciudadanía reconocida tiene derecho a asociarse libre y pacificante para tomar parte en asuntos políticos sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, en igualdad de condiciones y con ello garantizar el derecho de votar y ser votadas, votados y votades.
El principio del derecho a participar en partidos políticos, se propuso que todas las personas con ciudadanía reconocida tengan derecho a elegir de forma voluntaria, segura y libre ser simpatizantes, afiliarse a participar, formar parte o constituir un partido político y que se respete la orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales y diversidad corporal no convencional en los procedimientos de registro con independencia de la adecuación de sus documentos legales, extendiéndose este derecho a formar parte de sus órganos de decisión y estructura.
El derecho al autogobierno y de consulta de los pueblos originarios, etnias y comunidades indígenas establece que toda persona con ciudadanía reconocida perteneciente a pueblos originarios e indígenas de la población LGBTTTIQ+ participen en la toma de decisiones de sus regiones con base en sus tradiciones, usos y costumbres.
También se propuso incluir el principio de derecho a participar en mecanismos de democracia representativa, participativa y con igualdad y señalar que todas las personas con ciudadanía reconocida tienen derecho a la participación de forma individual o colectiva en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las situaciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción de la ciudadanía.
