En la Ciudad de México hay más de cinco mil menores que trabajan, lo que representa el uno por ciento del total de menores de 15 años. Por ello, la Comisión Permanente del Congreso local propuso exhortar a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a instrumentar medidas para prevenir el trabajo infantil, conforme a sus atribuciones y disponibilidad presupuestal.
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La presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, Guadalupe Barrón Hernández, subrayó que es urgente evitar el trabajo infantil, ya que afecta el potencial y dignidad de las y los menores, “es una realidad desgarradora que no podemos ignorar, las cifras son alarmantes”.
Agregó que esta propuesta de la presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, señala que el trabajo infantil se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial, dignidad y que perjudica su desarrollo físico y psicológico; y que muchos menores trabajan para contribuir a la economía familiar o como único medio de supervivencia, con labores que ponen en peligro su vida.
Barrón Hernández señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, en México hay 3.7 millones de infantes en esta situación, lo que representa un crecimiento de 14.1% respecto a 2019. “En el caso específico de la Ciudad de México, actualmente hay cinco mil 29 menores ocupados, lo que representa uno por ciento del total de menores de 15 años en la capital.
Conforme a la Constitución local y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, las autoridades deben atender los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral, y garantizar su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Le diputada priista puntualizó que las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender investigar, perseguir y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el trabajo antes de los 15 años, así como el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, educación o impedir su desarrollo físico o mental, la explotación laboral y el trabajo forzoso.