La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, en coordinación con autoridades federales y estatales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México llevó a cabo el traslado de 60 personas privadas de la libertad a distintos Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) ubicados en el interior del país, con el propósito de preservar la gobernabilidad en los centros penitenciarios y desarticular redes criminales.

De acuerdo con la dependencia, el traslado se enfocó en personas con perfiles vinculados a delitos que atentan contra la seguridad pública y el bienestar de la sociedad.

El operativo fue realizado de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, en coordinación con las secretarías de Seguridad de la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro.

Del total de personas reubicadas, 15 fueron extraídas del CEFERESO No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, y concentradas en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En el mismo punto, indicó que se reunieron otras 45 personas privadas de la libertad provenientes de centros penitenciarios estatales: 20 de la Ciudad de México, 20 del Estado de México y cinco del estado de Querétaro, como parte, precisó, de la estrategia de seguridad metropolitana.

Las 60 personas, precisó la dependencia a cargo de Pablo Vázquez, fueron trasladadas vía aérea a nueve centros federales distribuidos en diversas regiones del país.

Al señalar que se actuó conforme a los protocolos vigentes para garantizar la integridad y el orden durante toda la operación, la SSC indicó que el operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, en coordinación interinstitucional y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como del personal operativo.

Finalmente, la SSC dio que con este tipo de acciones la dependencia reafirma el “compromiso del Gobierno de México” para garantizar una “transformación en el sistema penitenciario nacional, con el objetivo de mantener el control institucional, evitar la comisión de delitos y desmantelar estructuras criminales dentro de los centros de reclusión”.