PATRICIA RAMÍREZ

Foto: UAM

La reforma electoral podría afectar la integridad electoral, entendida como el proceso de elecciones limpias y competitivas que garantizan la voluntad de la ciudadanía, y limitar a la autoridad para intervenir en la vida y decisiones de los partidos para cumplir con el marco normativo, advirtió la doctora Esperanza Palma Cabrera, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Acotó que las modificaciones a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya reorganización y reducción de recursos ha sido, desde el año pasado, un objetivo del presidente de la República, tendrán repercusiones presupuestales e implica una restructuración administrativa, cuyos efectos tendrán que evaluarse con calma, abundó la investigadora.

Acotó que un aspecto preocupante es la eliminación del funcionamiento permanente de las 300 juntas distritales para hacerlas eventuales y que funcionen sólo en tiempo electoral, pues podría implicar el despido del personal que había ganado una plaza por concurso, pero además representa un riesgo en la capacidad operativa y genera dudas en torno al reclutamiento de personal.

Todo ello se agrega a la reducción del servicio profesional electoral que garantiza una estructura con un cuerpo de funcionarios y funcionarias especializadas que ocupaban las plazas a partir de concursos y avalan la neutralidad política, explicó la especialista en temas electorales y de género.

La profesora del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco dijo que está en duda la capacidad operativa del Instituto por la reducción de recursos y la compactación de la estructura del órgano electoral.

La especialista sentenció que no se garantiza la neutralidad del personal a cargo del proceso electoral ni la capacidad operativa, pues sin recursos se complica la organización de las elecciones.

En materia de paridad de género y en las candidaturas que no cumplan con la regla 3 de 3 contra la violencia, que tengan deudas de pensión alimentaria, acusaciones de violencia y acoso sexual probadas o denuncias, ahora el INE ya no va a poder intervenir para prohibirlas.

“Ese punto tiene una dedicatoria al caso de Félix Salgado Macedonio, según comentó Pablo Gómez, redactor de la iniciativa constitucional de reforma electoral que no pasó en la Cámara de Diputados, quien subrayó en entrevistas que esa propuesta es para que no vuelvan a quitar candidaturas como lo hicieron con el ex candidato al gobierno del estado de Guerrero, lo cual es un grave retroceso”, dijo.

Consideró que esa situación va a permitir que las directivas de los partidos puedan proponer candidatos con una dudosa reputación o acusados de violencia de género.