MANUEL GUADARRAMA
El presidente de la República emitió un decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros ¿Qué significa que ahora sea un área prioritaria? Más allá del nombre, el decreto tiene implicaciones económicas y de movilidad para las personas. Es muy pronto para saber si la apuesta por la reactivación del Sistema Ferroviario Mexicano es una buena inversión o, por el contrario, es un capricho de cierre de sexenio que servirá para fines electorales.
El decreto en cuestión, como muchos otros documentos oficiales de esta administración, hace un recuento histórico con una visión parcial sobre el desarrollo del ferrocarril. El documento remite al surgimiento de este medio de transporte en 1769 y a la época del presidente Benito Juárez quien comenzó los trabajos de instalación del primer ferrocarril de México a Veracruz.
Reconoce el impulso que dio el presidente Lázaro Cárdenas y considera como “desgracia” la gestión de Ernesto Zedillo al haber permitido la inversión privada en los ferrocarriles. Además, el decreto omite mencionar que la expansión de la red de las vías de ferrocarril en México se realizó, en mayor medida, en los años de gobierno del presidente Porfirio Díaz.
En nuestro país, existen tres categorías de sectores económicos reconocidos a nivel constitucional: 1) las áreas estratégicas en las que la participación es exclusiva del Estado, prohibiendo la participación de los particulares; 2) las áreas prioritarias en la que el Gobierno tiene un papel de rectoría, pero permite la participación de privados y; 3) todas aquellas de libre participación tanto para el sector público como el privado.
Actualmente, los ferrocarriles son un área prioritaria que permite la existencia de compañías privadas. Sin embargo, prácticamente las compañías ferrocarrileras están enfocadas en el transporte de carga. Ahora, el gobierno Federal construye el Tren Maya -con importantes cuestionamientos sobre su sobrecosto, rentabilidad y utilidad- y la restauración del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Para impulsar el ferrocarril como transporte de pasajeros, los abogados del presidente analizaron a detalle las autorizaciones otorgadas a las compañías de ferrocarril y encontraron que las concesiones contemplan que las empresas están obligadas a otorgar derechos de paso o derechos de arrastre a las personas a quienes la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) les otorgue nuevas concesiones. Es decir, en cualquier momento se podría obligar a las actuales compañías a dar el servicio o permitir que lo den en las vías concesionadas.
El decreto presidencial incorpora la prestación del servicio público de transporte ferroviario en esta categoría reconocida por la Constitución como área prioritaria, ocasionando que en las vías ferroviarias se dará preferencia al transporte de pasajeros. Como un acto de generosidad, se permite que los actuales concesionarios sean los primeros invitados para prestar el servicio ferroviario de pasajeros, dándoles hasta el 15 de enero de 2024 para presentar a la SICT sus propuestas de inversión, tiempo de construcción y modernización de las vías. En caso de que no lo hagan, el decreto ordena que los títulos de concesión se podrán otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina.
No es ninguna novedad la preferencia de esta administración por encargar todo a las fuerzas armadas. Actualmente ya están a cargo de los trenes Maya e Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, la cuestión de fondo es si se cumplirá lo que promete el Gobierno: transporte público económico, menos contaminante, más seguro y mejor movilidad. Es una realidad que en otros países con grandes extensiones territoriales o regiones existen sistemas ferroviarios que permiten el desplazamiento de pasajeros. Por ejemplo, los países europeos, China o Japón (Nota Técnica sobre el Tren Maya, IMCO).
Un factor que tienen en común los proyectos de trenes en otros países es que existe una alta densidad poblacional que genera un aforo importante de pasajeros a lo largo de los trayectos, una planeación económica y ambiental, así como un plan financiero en caso de que se requiera subsidiar el servicio de transporte público. Ojalá este decreto no se convierta en una pesadilla para las finanzas públicas, afectando el bolsillo de los ciudadanos y termine por ceder más poder a los militares.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
