La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la contradicción de tesis 8/2025, “sobre la doble tributación”, toda vez que, afirmó, genera incertidumbre en el sector maquilador y de exportación, afectando su capacidad de planificación, operación y crecimiento.

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“Desde hace meses, las empresas sujetas a los programas IMMEX enfrentan una situación de inseguridad jurídica ante la posibilidad de una doble tributación en el IVA”, señaló.

La Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) es un pilar del desarrollo económico, representa 3.2 millones de empleos directos e indirectos y ha logrado una fuerte integración con la proveeduría nacional, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global.

Aseveró que la dilación en la toma de decisiones afecta a miles de empresas y trabajadores que requieren certidumbre para seguir operando y contribuyendo al crecimiento del país.
“Más allá del sentido de la resolución, lo urgente es que se brinde claridad y seguridad jurídica a los sectores productivos que impulsan la economía nacional”, dijo el organismo que encabeza Juan José Sierra Álvarez.

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Observó que la ausencia de una definición clara por parte de la Suprema Corte no solo genera inquietud en el sector, sino que también pone en riesgo la competitividad del país en un contexto donde es crucial fortalecer la atracción de inversiones para hacer frente a los retos del comercio internacional.

Aseguró que en un entorno global donde México tiene la oportunidad de consolidarse como un destino estratégico para la inversión y la relocalización de empresas, la certeza jurídica es un pilar fundamental para mantener la competitividad del país.

Por ello, el sindicato patronal advirtió que, “la falta de certeza en materia fiscal puede frenar inversiones clave y obstaculizar la consolidación del nearshoring, un fenómeno que representa una oportunidad histórica para México, por lo que es necesario contar con un marco normativo que garantice la confianza de los inversionistas, permita a las empresas operar con reglas claras y que se apliquen con transparencia y equidad, evitando interpretaciones que afecten a la competitividad del país.