Patricia Ramírez / Ovaciones 

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la validez el decreto de reformas a la Constitución, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambos del Estado de Tamaulipas, así como el artículo segundo transitorio del propio Decreto, relativos al carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Congreso local, en las que se determine no homologar las declaratorias de procedencia emitidas por alguna de las cámaras federales, para seguir procesos penales en contra de servidores públicos de la entidad que gocen de fuero constitucional, lo cual
incluye a los procedimientos que a la fecha de entrada en vigor de ese decreto hayan concluido.

Los ministros consideraron que los Congresos locales tienen libertad de configuración para proceder como corresponda en este ámbito, en términos del artículo 111 de la Constitución federal, en un ejercicio soberano fundamentado adicionalmente en los artículos 40 y 124 constitucionales.

Añadieron que el procedimiento local no interfiere en forma alguna con la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados, la cual es distinta, por ser una primera etapa de un procedimiento complejo y coordinado, pero que no resulta suficiente para retirar el fuero de un servidor público local.

Asimismo, las disposiciones no invaden la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en los procedimientos de declaración procedencia. Además, el pleno sobreseyó que se refiere a los decretos al determinar que la Cámara de Senadores carece de interés legítimo para su impugnación, por tratarse de aspectos relativos al proceso legislativo local, además de que las disposiciones regulan exclusivamente aspectos concernientes al funcionamiento del Congreso local, que no invaden la competencia del Senado.