PATRICIA RAMÍREZ
Foto Cuartoscuro
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó los artículos 19 de la ley y el quinto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que es la primera relativa a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El artículo prevé que, cuando la detención se practique por autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar aviso inmediatamente de la detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente.
El artículo quinto transitorio dispone, entre otros aspectos, que la fuerza armada permanente que realice tareas de seguridad pública estará sujeta a lo dispuesto en esta ley, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 19 del mismo ordenamiento.
El Pleno de la Corte analizó la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
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— Suprema Corte (@SCJN) January 24, 2023
Los ministros consideraron que la fuerza armada permanente que realice tareas de seguridad pública está sujeta al contenido de la Ley del Registro, con lo que se pretende prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, por lo que, si bien la fuerza armada permanente no está obligada a dar aviso de la detención a una autoridad policial para que ésta genere el registro, ello no implica que éste no se lleve a cabo, pues dicha Fuerza Armada permanente es la que debe efectuarlo de manera directa e inmediata, por lo cual, deberá disponer de cuentas de acceso a la base de datos.
Además, al analizar las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de ejercicio obligatorio, al no prever en la Ley Nacional del Registro de Detenciones las acciones que el personal de dicho Registro deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos, en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada el 26 de marzo de 2019.
La SCJN ordenó al Congreso de la Unión legislar dentro de los dos períodos ordinarios de sesiones siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia, a fin de subsanar dicha omisión.
