Ven abogados de EU terror fiscal en México; niega SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó “categóricamente” estar restringiendo los derechos del debido proceso y la oportunidad que tienen los contribuyentes de recibir un juicio y una adecuada representación legal.

Así respondió la dependencia federal a la carta enviada por la Barra Americana (conocida en México como el Colegio de Abogados de Estados Unidos), en la cual exigió al gobierno mexicano que respete el Estado de Derecho de los contribuyentes.

“El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal.

“Reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el Estado de derecho”, aseveró.

En una nota informativa, la dependencia que encabeza Arturo Herrera indicó que, por el contrario, las autoridades reconocen y promueven las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes.

Señaló que es “falsa y sin sustento alguno”, la acusación sobre que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) amenace con investigaciones penales como táctica de negociación.

En la carta, con fecha del 20 octubre pasado, los abogados estadunidenses denunciaron sobre amenazas y presiones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal a supuestos deudores del fisco que han buscado asesoría jurídica para resolver su situación.

De esta forma, el organismo condenó estas acciones que impiden a los contribuyentes el acceso a la justicia, la representación legal y un juicio justo.

La American Bar Association aseveró que las acciones impartidas por las autoridades mexicanas, en especial la Procuraduría Fiscal, violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 17 y 20 fracción B, el inciso VIII de la Constitución Política de México y los artículos 8, párrafo 2, inciso d) y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es parte.

“Estos derechos están íntimamente vinculados al derecho de los abogados, consultores y litigantes a participar en la práctica de la ley, para brindar asesoría legal y representar a sus clientes frente a acciones gubernamentales. Respeto total porque estos derechos son el sello distintivo de toda sociedad democrática y el estándar de la democracia gobierno”.

El gobierno mexicano refutó que la Procuraduría ha iniciado investigaciones, ya que es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, esto en cumplimiento al artículo 31, fracción IV de la Constitución, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y los artículos 10, 81 y 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

“La Procuraduría Fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez. Si algún contribuyente – imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal- propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la Procuraduría Fiscal valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos”, puntualizó.