PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, aseguraron que si hay denuncias de partidos políticos en torno a la actuación del crimen organizado en los procesos electorales se deben presentar y con base en las pruebas que se entreguen se tomarán las determinaciones.
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Ante las denuncias de los líderes del PAN y el PRD, en el sentido de que la intervención del narcotráfico podría configurar una causal de nulidad de las elecciones del 2 de junio, los magistrados advirtieron que no son autoridad investigadora y que resuelven con base en los elementos probatorios que se presenten en los expedientes y recordaron que ya ha habido anulación de casillas, como en el caso de Michoacán, pero eso no implicó la nulidad total de la elección, porque no se comprobó que haya sido generalizada la violencia.
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El magistrado Felipe de la Mata Pizaña sentenció que la violencia generalizada es una causal de nulidad en casilla, es decir que teóricamente se podría anular cualquier elección si se cumplen los requisitos, pero coincidió en que se tienen que valorar en su momento cada caso en lo particular.
Por lo que se refiere a los protocolos de seguridad dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE) para atender las solicitudes de candidatos federales que se consideren en riesgo, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, aseguró que es un paso importante, pero dejó en claro que no puede calificar si son adecuados o no, porque no puede prejuzgar, invadir la autonomía del Instituto y además eventualmente esos protocolos podrían ser recurridos ante el mismo Tribunal.
