ANGÉLICA DE LA PEÑA
Parece trillado señalar que las mujeres y hombres deben compartir, en igualdad de condiciones, el poder público. Ejercer derechos iguales en todo. La CPEUM establece que la igualdad sustantiva debe ser asegurada en todos los espacios. Las mujeres no pueden ser discriminadas de los encargos de la toma de decisiones. En teoría, los tiempos donde los señores decidían todo, han cambiado. Sin embargo los partidos políticos se resisten; ya con un elección en puerta, seguimos escuchando sus quejas de que no hay mujeres.
Pero el ser mujer no nos hace incorruptibles y capaces. No seremos diferentes a los señores si seguimos actuando bajo el mismo status quo y no hacemos nada para cambiar las formas del ejercicio de poder, para fomentar la emancipación y autonomía de las mujeres desde los espacios públicos. Y en primerísimo lugar, que quienes lleguen, trabajen para que se erradiquen todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es necesario reconocer los obstaculizadores que impiden la igualdad, identificarlos, nombrarlos, y luego deconstruirlos.
Con la paridad constitucional, los congresos deberán ser integrados por legisladores y legisladoras de manera paritaria. Hay reglas legales que establecen no se retroceda o trampee en su integración: por ejemplo debe haber candidatas en distritos competitivos para tener condiciones reales de triunfo, gozar de iguales apoyos respecto a los hombres en la campaña. Integrar las listas de los ayuntamientos, presidencias municipales, candidaturas uninominales y listas plurinominales para los congresos con mujer y hombre alternados. Donde haya encabezado un hombre, en la siguiente elección encabezará una mujer. La presencia paritaria de mujeres y hombres debe garantizarse en cada elección.
La historia nos demuestra las resistencias para reconocer el derecho a ser votadas aprobado en 1953: en 1954 solo una mujer es diputada, Aurora Jiménez, y lo es por una casualidad. En el Senado hasta 1960 solo llega María Lavalle Urbina. Las reformas político electorales de finales del siglo pasado van incluyendo mujeres en cuotas mínimas que van aumentando hasta que se logra en 2019 la paridad en todo. Con la inclusión de las mujeres se configura la violencia política en contra de ellas. Es la reacción del machismo. Porque aún con la norma legal, hay quienes se oponen a la igualdad entre mujeres y hombres. Algunos señores creen tener mayores méritos que las mujeres que aspiran. Parece inevitable algunos casos llegarán al Tribunal Electoral.
Otro fenómeno ha tergiversado el cumplimiento de la igualdad: las mujeres alineadas a los jefes. En las burocracias partidistas o en los ámbitos del poder, sea legislativo, administrativo o judicial, se ha pretendido ocupar los espacios de mujeres, con quienes se caracterizan por su subordinación al jefe. El caso más reciente es la hoy ministra Batres quien ha dejado claro que su función principal es llevar la voz del presidente. Pero no es la única.
Las mujeres están porque deben estar, es una cuestión de justicia. Pero conviene preguntarnos para qué deben llegar las mujeres. ¿Cumplir la formalidad de la inclusión? O ha llegado el momento de rendir cuentas cada una, sobre el ejercicio de su encargo. Y a quienes aspiran, exigirles no se disciplinen apoyando decisiones que van en contra de los derechos de las mujeres. Deconstruir el machismo, es una prioridad.
