Como si no fuese suficiente la secuela de polarización que trajo la elección del pasado 6 de junio, los mexicanos podremos acudir de nueva cuenta a las urnas en poco más de tres semanas. Sin embargo, la finalidad ahora no es una elección para la representatividad democrática, ni mucho menos para darle mandato a opciones de la política, sino para consolidar mediante la voz colectiva, una caprichosa narrativa del gobierno federal que solamente vende expectativas que serán prácticamente imposibles de cumplir. Porque es previsible que, con conciencia plena, el gobierno actúe solamente para generar adeptos a su proyecto moral, que en realidad para accionar los engranajes legales que serían necesarios, y lograr en consecuencia una sentencia condenatoria a aquellos quienes pudieran haber cometido un delito. ¿Se le pregunta al médico si debe curar al enfermo?, ¿se le pregunta al bombero si debe apagar el incendio?, en obvia respuesta de los planteamientos anteriores la respuesta es NO. No se pregunta lo obvio cuando en el cuestionamiento va implícito el cumplimiento de un deber que es motivo de núcleo de la labor encomendada. Por igual, mismo caso aplica a la acción de la justicia; el “se debe o no se debe” hacer, se supedita a una función no optativa que lo que hace es salvaguardar un interés supremo al parecer individual. De entrada, la pregunta estimo que resultará incomprensible para una gran mayoría de quienes se presenten ante la casilla. Es un verdadero enredo en la redacción que hace aún más confusa la proximidad de un resultado deseado: “¿está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Yo tampoco la entendí, pero si me siento obligado a analizar su contenido paso a paso. Hemos dejado claro el primer componente; estar de acuerdo o no es irrelevante cuando se vive en un estado de derecho donde las instituciones tienen la obligación de salvaguardar el interés colectivo. Al continuar en el trayecto de la pregunta, si se llega a estar de acuerdo entonces se llevarían a cabo “las acciones pertinentes”. ¿Cuáles serían estas?, ¿por quién o quiénes se llevarían a cabo?, ¿con qué instrumentos se implementarían? Toda esa obscuridad no deja mas que un camino a ciegas, donde los más perdidos serían los ciudadanos mismos. El siguiente componente es de nueva cuenta una verdad de Perogrullo, precisar que las acciones a emprender se desarrollarán “con apego al marco constitucional y legal”, es ocioso cuando de todos es sabido que un estado no puede actuar fuera de lo que la ley le permite. Si se hiciera de otra forma, es decir, fuera del marco mencionado, estaríamos ante un acto violatorio de garantías y ante un exceso en la actuación estatal que no es permisible de manera alguna. Continuamos con preposición y verbo que llevan a un sendero sin destino: “para emprender”. Ello en sentido estricto, llevaría a que el estado iniciara un procedimiento que no está obligado a concluir. Emprender es amplio y no tiene acotación en el tiempo, podríamos estar emprendiendo eternamente sin que tengamos una consecuencia tangible. Seguido de lo anterior está el producto prometido, “un proceso de esclarecimiento” que, a saber de cualquier persona medianamente sabedora del derecho, no podría ser diferente a un juicio con todas las etapas involucradas ministerialmente para llegar a la conclusión del mismo. ¿Acaso se podría inventar a capricho otro tipo de procedimiento? Pero se pone mejor, el procedimiento estelar estaría concentrado en “las decisiones políticas en los años pasados”. Aquí como en la cajuela de un Galaxy cabe absolutamente todo; ¿una decisión política hasta donde puede abarcar? Para un mandatario (si fuera el caso aplicable) todo, absolutamente todo categoriza como “político”. Si a ello se le suma la indeterminada acotación de “en los años pasados”, podríamos estar hurgando en los malos comportamientos que desde la cuna alguno de los puestos en el cadalso pudiera haber realizado. Pero la indefinición ahí no acaba, los sujetos a juzgar serían según la fabulosa consulta “los actores políticos” Así, sin nombre, sin identificación y sin límite. Concluimos este intrincado ejercicio con otro involuntario pleonasmo: “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” ¿Acaso podría ser otro el destino?, o lo que cabría fuera de ello que es obligación sería meramente la venganza y el linchamiento.

El 1 de agosto en toda la república tendremos 57 mil mesas receptoras para aportar nuestro parecer ante esta salvajada. Gastaremos 528 millones de pesos que bien podrían destinarse a un sinfín de acciones exponencialmente más productivas que este gatuperio. Y así le consulto a usted, ¿qué le parece?