PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
Aunque fuera del marco legal, el proceso electoral de 2024 ya está en marcha, aseguró el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, tras advertir que si se aprueba la reforma electoral que está en el Senado, la impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues trastoca los pilares de la democracia y pone en riesgo la gobernabilidad del país.
Durante el seminario denominado Los estados en 2022, la nueva distribución partidista, en el marco de la cátedra Francisco I. Madero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Córdova Vianello cuestionó si es viable cambiar las reglas del juego cuando las llamadas “corcholatas” y demás actores políticos violan la ley con sus actos proselitistas.
“La contienda electoral del 2024 ya arrancó, aunque sea de manera ilegal para todos los efectos prácticos.
Se habla de corcholatas, por un lado, que hacen actos de proselitismo violando la ley; se habla de pasarelas por el otro lado, de quienes ya están aspirando a la candidatura presidencial, es decir, en todos los partidos la efervescencia de la elección presidencial ya llegó e incluso los actos de proselitismo, ilegal, ya están en curso”, sentenció.
En este contexto, subrayó que el llamado plan B constituye una constelación de inconstitucionalidades que ponen en riesgo el voto de los ciudadanos y la confianza en la organización de las elecciones.
Y acotó que ahora la lista de votantes de mexicanos en el extranjero, así como la lista de electores tiene que pasar por el visto bueno de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es decir, por el gobierno federal.
Insistió en que la reforma a seis ordenamientos legales en materia electoral, no sólo es inconstitucional, sino que erosiona cinco grandes pilares democráticos que ponen en riesgo la capacidad operativa del INE en la organización de elecciones libres y, por tanto, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.
Agregó que, de concretarse y validarse el Plan B de la reforma electoral en los tribunales, empezando por la Corte de Justicia, porque la organización de las elecciones, adolecerá de una falta de confianza y certeza que ha caracterizado los procesos electorales.
Detalló que, de consolidarse la reforma electoral, desaparecen cargos y, en consecuencia, alrededor de 7 mil funcionarios del INE de los 17 mil 600 trabajadores que tiene actualmente; es decir, prácticamente la mitad del personal que hoy labora en el Instituto. Asimismo, desaparece el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral (SPEN); es decir, que se reduciría a alrededor de 350 plazas de las dos mil 600 que hoy existen.
