El oficialismo prometió una justicia nueva. Una justicia cercana, democrática, al servicio del pueblo. Pero mientras la propaganda suena atractiva, la realidad grita otra cosa. El caso de Yasmín Esquivel es la mejor prueba de lo que viene.
Hace más de dos años, la ministra de la Suprema Corte fue señalada por plagiar su tesis de licenciatura. La UNAM lo investigó, revisó documentos, escuchó testimonios, hizo lo que tenía que hacer. ¿El resultado? La justicia no protegió a la universidad. Protegió a Yasmín Esquivel.
Un tribunal federal le prohibió a la UNAM emitir una resolución. Le ataron las manos a la máxima casa de estudios del país para no incomodar a una ministra cercana al poder. Y no solo eso.
PREMIO AL PLAGIO
Hace unos días se conoció algo peor. Un juez civil de la Ciudad de México ordenó que el exrector Enrique Graue y el exdirector de la FES Aragón paguen 15 millones de pesos a Martha Rodríguez, la asesora de la tesis plagiada. La razón: “daño al honor“.
No es broma. Los que intentaron esclarecer el plagio serán castigados. Y la asesora, señalada por avalar más trabajos fraudulentos, fue respaldada por la justicia. Así se tuerce la ley cuando conviene.
Más de 300 académicos de la UNAM firmaron una carta denunciando lo que llaman “una venganza política disfrazada de sentencia“. Lo que deberían investigar, lo silencian. Lo que debería avergonzar, lo indemnizan.
Esquivel sigue en la Corte. No ha explicado nada. No ha renunciado. Solo se amparó, litigó, presionó y ganó tiempo. Porque en este país, la justicia no llega a todos por igual.
LO QUE VIENE
La reforma judicial, impulsada por AMLO y respaldada por Claudia Sheinbaum, dice que todo cambiará. Que los jueces serán electos por voto. Que el pueblo decidirá. Pero el caso Esquivel no podría ser investigado ni con las nuevas reglas.
Lo dijo Jaime Santana Turral, candidato al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en una entrevista a Proceso. Según su interpretación, ese órgano no podría sancionar a la ministra, porque el plagio no está ligado a su labor jurisdiccional. Es decir, no importa si mintió en su tesis. Mientras no se trate de asuntos judiciales, está blindada.
Así que la reforma presume que va a castigar la corrupción judicial, pero no tocará a quienes llegan con antecedentes de corrupción. ¿De qué sirve entonces elegir jueces si no se puede remover a quienes traen una historia manchada desde el principio?
Y si hablamos de antecedentes, la cosa no mejora. Grupos ciudadanos como Defensorxs AC han detectado al menos ocho perfiles con vínculos peligrosos en la lista de aspirantes a cargos judiciales.
Hay candidatos con denuncias por violencia sexual, otros ligados al crimen organizado, y hasta un abogado que fue defensor del “Z-40” y de “El Chelelo”, dos conocidos miembros de Los Zetas. Uno de los aspirantes en Sonora está señalado por la desaparición de un periodista. ¿Qué nos espera entonces?
Es evidente que el caso Esquivel no es un accidente. Es el manual de cómo se va a usar la justicia pasada la elección. No habrá transparencia. No habrá consecuencias. Solo protección para los leales y castigo para los que se atreven a investigar.
Antes, la justicia era ciega. Hoy, sabe perfectamente a quién mirar y a quién dejar pasar.
Y eso que la elección judicial aún no ocurre. Pero la nueva justicia ya llegó. Y se parece demasiado a la de siempre. Solo que ahora, con boleta electoral.
