Este año también será recordado por la cantidad de políticos mexicanos a los que les empezaron a quitar la visa estadounidense como si fuera tortillería. Una tras otra.
Se habla de decenas de casos. La mayoría vinculados a Morena, el partido en el poder, aunque también hay funcionarios de otros partidos. Nunca había pasado algo así, al menos no de forma tan masiva y visible.
Se hace sin explicaciones públicas ni consecuencias internas. Pero deja una pregunta: ¿esto es seguridad binacional o intervención política?
RAZONES
En términos formales, una visa puede cancelarse por razones administrativas, como quedarse más tiempo del permitido. Pero también por razones de seguridad. Sospechas de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción o información de inteligencia no judicializada. No se necesita una condena. Ni siquiera una acusación pública.
Estas cancelaciones coinciden con la política antinarco de Trump. Declaró a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Endureció su discurso contra México. Y dejó claro que usaría todas las herramientas disponibles para presionar.
Una de esas herramientas es la visa.
Para Washington, quitar visas es una forma rápida de castigo. No requiere juicios. Pero sí manda un mensaje político fuerte a este lado de la frontera.
EL SILENCIO
Hay gobernadores, alcaldes, diputados y funcionarios federales a los que les retiraron la visa. Varios casos ya son públicos.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que le cancelaron su visa y la de su ahora exesposo. El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, y el de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro, se enteraron al intentar cruzar la frontera.
También los diputados federales Mario Alberto López, de Tamaulipas, e Hilda Araceli Brown, de Baja California. En el gobierno federal, Alex Tonatiuh Márquez, funcionario de Aduanas, es el primer caso reconocido. Incluso hay opositores, como el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo.
La mayoría reaccionó igual: negar, minimizar o llamarlo un asunto administrativo. Nadie ha explicado nada. Nadie ha renunciado. Nadie ha sido investigado formalmente en México por ese motivo.
Ese vacío es el punto central. Estados Unidos deja a funcionarios mexicanos bajo sospecha permanente. Y así se genera un limbo. No hay pruebas públicas, pero tampoco limpieza institucional.
¿COOPERACIÓN?
Aquí es donde el tema deja de ser migratorio y se vuelve político.
Si un gobierno extranjero decide señalar, sin decirlo abiertamente, a funcionarios de otro país, influye en su vida política. Contamina reputaciones y ejerce presiones en otros ámbitos.
El gobierno de Sheinbaum ha optado por la cautela. Dice no tener información y que es una decisión soberana de Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha entregado capos, realizado operativos y fortalecido la presencia militar en las fronteras. Es decir, acepta el golpe y sigue caminando.
Pero quitar una visa no desmantela redes criminales. Tampoco limpia gobiernos. Ni mejora la seguridad. Bueno fuera. Pero sólo deja sospechas.
Si un político está vinculado al narco, debe investigarse y procesarse. Si no lo está, dejarlo marcado alimenta la narrativa del control del narcotráfico en México, justificando así la agenda de seguridad de nuestro vecino.
En 2026 veremos más desvisados con Trump endureciendo su política exterior y usando la seguridad como arma diplomática.
Y mientras México no tenga mecanismos claros de depuración interna y mientras Estados Unidos prefiera el castigo diplomático sin transparencia, el velo de la sospecha seguirá creciendo sin beneficios para nosotros.
EL DATO INCÓMODO
Según transportistas, la inseguridad en carreteras cuesta medio punto del PIB. En 2025 van 5 mil 204 asaltos, ocho de cada 10 son violentos y se prevé un repunte de 20% al cierre del año. ¿Y la Guardia Nacional?
