29 + 26… 55 declaraciones que comprometen al gobierno mexicano

México extradita a 55 delincuentes a EU en una estrategia controvertida contra el crimen organizado.



Pareciera que las presiones extorsivas del presidente Trump a México no cesarán; que seguirá exigiendo resultados unilaterales a las principales preocupaciones de su agenda de seguridad: la migración “ilegal”, el tráfico de fentanilo por las porosas fronteras y el ataque frontal a los grupos delictivos transnacionales hoy llamados terroristas, inclusive al interior de la patria mexicana.

En ese contexto, iniciando el año que transcurre y justamente la semana pasada, el gobierno mexicano extraditó a 29 y luego a 26 delincuentes de las principales organizaciones nacionales, una acción inédita de cooperación bilateral México-Estados Unidos, nunca antes vista y mucho menos imaginable.

Saltan a la luz los siguientes cuestionamientos:
¿El gobierno mexicano lo hace con la firme convicción de erradicar este grave problema del país?
¿Hay solicitudes previas de extradición a todos y cada uno de los capos detenidos?
¿O bien, se trata de una estrategia de eventual dilación y protección a una clase política que más temprano que tarde tendrá que unirse a las extradiciones obligadas y pedidas por el vecino país?

Contestando en conjunto estos cuestionamientos yo señalaría que todos ellos tienen cierta veracidad:

  1. La actual presidenta recibe un país violento, invadido territorialmente por grupos delictivos poderosos teniendo que dejar atrás, más por obligación que convicción, las políticas de natural “reconciliación” entre la delincuencia organizada, el Estado y sus ciudadanos y que a todas luces no sucedió, sino que exacerbó el conflicto.
  2. Todos, o la mayoría de los sujetos extraditados, si bien tenían peticiones o requerimientos de cortes estadounidenses, pocos de ellos estaban inmersos en procesos de esa naturaleza, por lo que desde la perspectiva jurídica hay serios riesgos de revocar o perder esas extradiciones.
  3. Vuelvo y repito, no hay delincuencia organizada robusta sin colusión de los tres órdenes y niveles de gobierno que han garantizado la impunidad por décadas.

Por lo anterior, pareciera que la actual Presidencia de la República está operando en diferentes escenarios para agradar a las políticas y políticos del país vecino, reforzando la frontera norte con la Guardia Nacional al desplegar 10 mil efectivos; con operaciones conjuntas de búsqueda, localización, identificación y aprehensión de sujetos generadores de violencia, de interés mutuo y que ha llevado ante el juez a 25 mil 250 sujetos relacionados con las mafias internacionales. Ambas acciones, que, dicho sea de paso, han bajado la incidencia delictiva pero aumentado la violencia y el control territorial de la delincuencia organizada, han creado una relación atípica poco creíble.

Por otro lado, si analizamos el origen y pertenencia de estos 55 criminales puestos a disposición de los tribunales norteamericanos, nos daremos cuenta de que representan a los nueve cárteles más poderosos, desplegados en los 32 estados de la Federación, lo que nos indica la presencia de la delincuencia organizada por cerca de 50 años en territorio nacional, que se traduce en información estratégica y operativa criminal entregada a las agencias estadounidenses de lo ocurrido en el ámbito delictivo, pero además político de ocho sexenios de presencia activa del narcotráfico y sus actores en México, desde Caro Quintero, del Cártel de Guadalajara operado en la década de los 70, hasta el Cuini, actual representante financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cincuenta años de información del crimen organizado en México en poder de las agencias norteamericanas y que, irremediablemente, alimentarán sus archivos y análisis sobre la narcopolítica mexicana, con los consecuentes resultados de crear, actualizar o exigir extradiciones de la clase política anterior y actual, así como truncar algunas carreras venideras de esta desprestigiada política mexicana.

¿Será que la actual presidenta, con la mejor intención de mantener una buena relación política y económica con el vecino país, se ha dado un balazo en el pie? ¿Que la entrega de 55 delincuentes actualice la bodega de datos norteamericana con información basta y suficiente para requerir a la política mexicana?

Veamos lo que suceda en los siguientes meses.