Con 75 votos a favor y 37 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y remitida por la Cámara de Diputados.

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En lo particular, se rechazaron las reservas presentadas por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que el dictamen fue avalado en sus términos originales con 63 votos a favor y 36 en contra.

Una vez que concluyó el trámite legislativo, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, instruyó remitir el dictamen al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.

De acuerdo con la nueva legislación, se pretende establecer un marco legal para simplificar procesos administrativos, digitalizar trámites y servicios, promover buenas prácticas regulatorias y fortalecer la infraestructura tecnológica de los tres niveles de gobierno.

Para poder operar, se aprobó la creación de los modelos Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, Nacional para la Digitalización, de Homologación de Trámites y Servicios, de Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas, así como el de Atención Ciudadana.

Entre las herramientas tecnológicas que contempla la ley se encuentran la Llave MX, un mecanismo de autenticación digital vinculado a la CURP; el Expediente Digital Ciudadano; el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios; y un Repositorio Nacional de Tecnología Pública. Estas plataformas buscan facilitar el acceso a servicios públicos de forma más eficiente, segura y transparente.

Durante la discusión en el Pleno, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que la ley representa una reingeniería en la administración pública al simplificar y digitalizar trámites, lo cual permitirá un acceso más equitativo y económico a los servicios gubernamentales.

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Por su parte, Araceli Saucedo Reyes, de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que el dictamen atiende una de las principales demandas ciudadanas al reducir los excesos burocráticos y facilitar el acceso a los servicios en todos los niveles de gobierno.

En contra del dictamen, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la ley centraliza facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a la que se le otorgan 22 nuevas atribuciones y manifestó su preocupación por la concentración de datos personales en un contexto digital donde esta información se ha convertido en materia prima fundamental.

Por el PRI, el senador Néstor Camarillo Medina cuestionó que no exista una garantía real de privacidad ni mecanismos efectivos de protección de datos, además de señalar que la ley no considera a millones de personas en zonas rurales sin acceso a internet. Criticó también que se imponga un modelo único, sin tomar en cuenta los esfuerzos locales para mejorar sus procesos administrativos.

En tanto, la legisladora por el PAN, Laura Esquivel Torres, acusó que la legislación convierte a la Agencia de Transformación Digital en un “Big Brother” de la información personal y denunció la eliminación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y del Observatorio Nacional, con lo que, dijo, desaparecen los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.

A favor del dictamen, la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, sostuvo que la ley propone una transformación profunda en la forma en que el Estado se relaciona con la ciudadanía, al pasar de una estructura burocrática a un modelo que facilita el ejercicio de derechos.

Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, destacó que la norma permitirá ahorrar tiempo y recursos a la ciudadanía, además de generar mayor eficiencia en la gestión pública. Señaló que su bancada confía en que esta ley contribuirá al bienestar social y a la productividad institucional.

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Finalmente, y en respaldo a la propuesta, la senadora morenista, Olga Patricia Sosa Ruíz, afirmó que la iniciativa busca reducir tiempos, homologar procesos y combatir la corrupción mediante el uso de herramientas tecnológicas públicas. Subrayó que se trata de una apuesta por un gobierno más accesible, equitativo e incluyente.