AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

A 14 años del incendio de la guardería ABC, en el estado de Sonora, el gobierno federal confía que este mismo año se cierre el capítulo de las reparaciones integrales a las víctimas.

Ello, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se cumplirán de manera puntual para todas las víctimas consideradas.

Durante la conferencia de prensa matutina del primer mandatario, Encinas Rodríguez refrendó el compromiso y solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de la guardería ABC “para que haya justicia y castigar a los responsables”.

Informó que se ha hecho un esfuerzo para tender de manera puntual a todas las víctimas directas e indirectas, desde las reconocidas por Derechos Humanos en 2019, que involucra a 936 personas con calidad de víctima, en donde 16 por ciento son víctimas directas, 49 niños fallecidos y 104 niños lesionados, expuestos y hospitalizados.

Además de 783 personas madres, padres de familia, hermanos de las víctimas y de los fallecidos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos.

Encinas Rodríguez aseveró que la reparación integral se ha procesado a través de cuatro componentes, a través de distintas instituciones, particularmente en la Secretaría de Gobernación con la Unidad de Defensa y Protección de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con el gobierno del estado de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Agregó que a través de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos se han erogado recursos para el pago de reparaciones compensatorias a 142 personas víctimas directas e indirectas, menores fallecidos, expuestos y lesionados, y a adultos lesionados.

Mientras que por la CEAV se han emitido 327 resoluciones a favor de los núcleos primarios y extendidos que corresponden a 144 víctimas directas, y se brindan servicios de psicología, atención médica y trabajo social.

“Todas las familias de víctimas directas cuentan con una forma de reparación”, afirmó el funcionario de Gobernación y agregó que la aportación del gobierno de Sonora en este caso en estas medidas de reparación y compensación son apoyos de estímulos educativos que a hoy comprende a 285 jóvenes que están estudiando.

Señaló que en lo que corresponde al IMSS, tanto del Fideicomiso de Medidas como en ayudas se están atendiendo becas de educación, medidas vitalicias, pago de energía eléctrica, seguro de salud para familias y medidas equivalentes a la pensión garantizada, además de la prestación de todos los servicios de atención médica que se presenta de manera directa y subrogada para la atención de las personas.

“Como lo ha señalado el Presidente, no hay limitación ni restricción alguna en materia de recursos para la atención de esta situación. Se espera que este año se cierre el capítulo de las reparaciones integrales, independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto emitido por el Presidente, se cumplirán de manera puntual para todas las victimas consideradas”, puntualizó Alejandro Encinas.

De su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, indicó que a partir de junio de 2019, se hicieron modificaciones al decreto de diversas disposiciones para ayudas extraordinarias que tuvieron que ver con la homologación de las medidas económicas vitalicias para madres jóvenes y afectados, con las medidas económicas equivalentes de manera universal para todo el grupo de la pensión garantizada del Seguro Social.

Dijo que en el caso de afectados directos también se da atención médica en instituciones privadas, así como atención vitalicia en el Seguro y becas para educación preescolar hasta educación superior, resultado de la modificación publicada en marzo de 2020.

Informó que en atención médica a víctimas y familiares, se han otorgado 181 mil citas médicas de las cuales 140 mil han sido en unidades del IMSS, incluido en el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), y 40 mil 700 en unidades indirectas fueras del Seguro Social; en donde mil 200 de ellas han sido en Estados Unidos.

Indicó que se han hecho 21 mil estudios de diagnóstico.

Asimismo, señaló que se lleva un seguimiento a la nueva denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para todos los posibles involucrados, inclusive a quienes no habían sido investigados, del 12 de febrero de 2020.

En ese sentido, señaló que FGR inició una investigación y el 12 de noviembre de 2020, se detuvo a Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochin Nieto, que eran director de Prestaciones Económicas y Sociales, y coordinadora nacional de Guarderías, respectivamente. Y actualmente las dos personas están vinculadas a proceso, la causa penal está en etapa complementaria.