El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas legales, orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal, el cual perduró en México durante 36 años.
Estas reformas, afirmó el jefe del Estado mexicano, buscan establecer derechos constitucionales, así como fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia. En tal sentido, abarcan materias que van desde el ámbito de las pensiones, becas a estudiantes de familias en situación de pobreza y que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual, hasta la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que las y los trabajadores —y sus familias— puedan ser dueños de sus viviendas, y convertir en política de Estado la austeridad republicana, entre otras.
Por su parte, la Dra. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, hizo suyo ese paquete de reformas legislativas e, incluso, agregó a él iniciativas como la relativa al apoyo para mujeres de 60 a 64 años.
Después del triunfo electoral y la confianza que refrendó el pueblo de México al movimiento de la Cuarta Transformación, tanto la Dra. Claudia Sheinbaum como el presidente López Obrador acordaron dar prioridad al envío de cinco iniciativas de reformas al Congreso de la Unión, para que se discutan y voten en el siguiente periodo legislativo que comienza en septiembre próximo.
Estas cinco iniciativas son:
De reforma al PJF, la cual incluye, entre otros aspectos, que el pueblo de México elija a las y los jueces, magistrados y ministros que lo integran.
De reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de 2007;
Constitucionalizar una beca universal para todas las niñas y los niños que estudian en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.
De reforma a la Constitución, para eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular, a partir de los siguientes comicios presidenciales de 2030;
De reforma constitucional, para establecer un programa de apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años de edad.
Desde luego, todas estas iniciativas serán discutidas y, en su caso, aprobadas por el Poder Legislativo federal. De hecho, el 18 de junio pasado, la Primera Comisión de la Comisión Permanente -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, aprobó un punto de acuerdo a fin de que se lleven a cabo Foros para debatir, en Parlamento Abierto, no sólo la reforma al PJF, sino también las demás enmiendas referidas. Ello a partir del 25 de julio próximo en la Cámara de Diputados, con la inauguración de los Diálogos Nacionales de reforma al PJF.
Sin duda, la iniciativa de reforma constitucional que ha estado en el centro de la discusión pública y que incluso desató variaciones económicas transitorias es la relacionada con el PJF.
No obstante esto último, nuestra economía tiene bases sólidas. México cuenta con una cifra récord de reservas internacionales (poco más de 219 mil millones de dólares); un mercado interno en crecimiento; es el segundo Estado integrante de la OCDE con menor tasa de desempleo; sus niveles de inversión pública y extranjera no tienen precedente, y hay un mercado interno en expansión, entre otras fortalezas.
Los meses que se aproximan, antes del inicio de la siguiente legislatura en el Congreso de la Unión, servirán para informar, dialogar y ajustar, pero también para cumplir con lo que el pueblo de México nos mandató como sus representantes. La vitalidad y la continuidad de la Transformación dependen de ello.
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