El martes por la mañana, José Luis “N”, un hombre de 41 años irrumpió armado en el Centro Pastoral de Atención a la Juventud, ubicado dentro de la Iglesia San Jorge, en la colonia San Juan de Aragón IV y V, alcaldía Gustavo A. Madero, y tomó como rehén a César Miguel “N”, instructor de acondicionamiento físico del lugar.

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Durante más de tres horas lo mantuvo sometido a punta de pistola. Exigió 600 mil pesos y, tras disparar contra un agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue abatido por elementos tácticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La víctima fue rescatada ilesa.

De acuerdo con las versiones oficiales, fueron los vecinos los que informaron a elementos policiales que patrullaban la zona, quienes detectaron al agresor armado dentro del centro pastoral y dieron aviso inmediato a las autoridades.

La emergencia fue confirmada a través de radiofrecuencia y, de acuerdo con una tarjeta informativa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue informada mientras sesionaba el Gabinete de Seguridad e instruyó su intervención directa en la coordinación del operativo.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Operación Policial de la SSC, Elpidio de la Cruz Contreras, informó que al ingresar al salón que funciona como gimnasio de crossfit, los policías observaron a José Luis “N” apuntando a la cabeza de la víctima, quien permanecía hincada.

Los elementos iniciaron diálogo para intentar tranquilizar al sujeto y evitar detonaciones y que, conforme al protocolo de actuación, se solicitó apoyo de personal especializado en manejo de crisis y negociación, así como de una ambulancia.

Al sitio acudieron integrantes de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) de la SSC y agentes de la Fiscalía capitalina, adscritos a la Fiscalía Antisecuestro.

Según las autoridades, José Luis “N” conocía a la víctima y lo acusaba de haberlo reemplazado años atrás en ese mismo espacio, donde él impartía clases. Durante las discusiones y negociaciones, de acuerdo con las versiones oficiales, el agresor exigió 600 mil pesos, sin embargo, hasta el momento no se ha determinado si se trató por un arreglo laboral o para dejar en libertad a la víctima.

En tanto, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó que la situación fue atendida por la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro.

Agregó que el equipo de negociación permaneció más de dos horas en diálogo con el agresor, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones: evacuar a personas ajenas, mantener contacto verbal desarmado, identificar motivaciones y buscar una solución sin uso de la fuerza.

Sin embargo, mientras se desarrollaba la negociación, la víctima intentó tomar agua y el agresor se tornó violento, levantó su arma y disparó dos veces contra el agente negociador, quien no portaba armas. Resultó herido con un rozón en el cuello y una lesión en la muñeca izquierda. Fue trasladado al hospital, donde se reporta estable y en recuperación.

Ante el ataque y el riesgo inminente para la vida del rehén y del agente, personal táctico de la UMOE intervino de forma inmediata, por lo que un disparo impactó en la región frontal del agresor, provocándole la muerte en el lugar, mientras que César Miguel “N” fue resguardado y recibió atención médica y psicológica. Fue reportado sin lesiones físicas.

En el lugar también se encontraba el sacerdote responsable del centro pastoral. No fue tomado como rehén ni resultó lesionado. Su testimonio fue recabado como parte de las diligencias ministeriales.

Durante la inspección, se aseguraron dos armas de fuego que portaba el agresor: una pistola calibre .22 y un revólver calibre .38. Ambas serán sometidas a análisis balísticos para determinar si están vinculadas a otros hechos delictivos.

Por los hechos, la Fiscalía Antisecuestro abrió la carpeta de investigación correspondiente y la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una indagatoria interna por el uso de la fuerza letal.

En este sentido, la fiscal capitalina señaló que se analiza la actuación de los elementos conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Elpidio de la Cruz reiteró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana refrendó su compromiso de actuar de forma inmediata, con apego a los protocolos, ante cualquier situación que represente un riesgo para la vida o la integridad de las personas.

La fiscal precisó que José Luis “N” no tenía antecedentes penales ni denuncias previas, así como tampoco algún registro de un conflicto formal entre él y la víctima. Por los hechos, el centro pastoral permanece cerrado mientras continúan las diligencias ministeriales.