Al respecto de la reciente polémica creada por el expresidente Ernesto Zedillo al criticar la próxima elección judicial, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mencionó: “Dice (el expresidente) que el Fobaproa fue auditado y que se entregaron los resultados en su momento, pero miente feo. Lo que entregaron (como auditoría al Congreso) fue un disco encriptado, que tenía cinco llaves larguísimas (passwords). Le dieron una al PRD, otra al PVEM, otra al PRI, otra al PT y otra al PAN, así que, para desencriptar, había que tener las cinco. Abrir el disco llevó más de un año, pero apareció el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban crimen y los hicimos públicos”.

El funcionario aseguró que ese documento, cuya copia tenía en sus manos, “fue público, estuvo por meses en la página web de la Cámara de Diputados, pero cuando llegó la nueva presidenta de la Cámara, una legisladora del PRI, ordenó que esa información se eliminara, y esa información es la lista de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral del Fobaproa y en el saneamiento de las instituciones financieras de México”.

Y a continuación leyó el aviso de privacidad de ese documento desencriptado desde hace ya más de dos décadas: “Textualmente dice que, al momento de abrir el documento mediante el uso de las contraseñas, se obliga a preservar la confidencialidad de la información, utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y abstenerse de divulgar por cualquier medio la información confidencial. En caso de que esta información llegara a estar en el dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables”.

El problema de los datos que lograron desencriptarse, mencionó Gómez, “era que esa información confidencial violaba las reglas laxas que ellos mismos (el gobierno de Zedillo) dispusieron, no obstante lo cual, cubrieron esos créditos. La regla era muy favorable para los empresarios, grandes deudores y especuladores. Por ello nunca pudieron explicar por qué el Fobaproa aprobó (los salvamentos a grandes deudores). Esta lista no iba a ser conocida nunca, y hoy Zedillo niega su existencia, está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría, pero no es verdad”.

Y en seguida, entregó la copia del documento, “como un acto simbólico” a la presidenta Sheinbaum, “como testimonio de que existe, de que este documento de los fraudes que hizo el gobierno de Zedillo lo ocultaron y quien lo dio a conocer fueron los legisladores de izquierda. En cambio, el PAN y el PRI lo ocultaron”. Esta entrega del documento, argumentó Gómez, “es para desmentir que la decisión del gobierno de Zedillo era que la auditoría fuera transparente, y no, la decisión era la contraria: que no lo fuera, y para demostrar la complicidad del PAN. Esto que hicieron (el Fobaproa) fue innecesario: proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”.

“Uno de los peores presidentes”

Al tomar otra vez la palabra, Claudia Sheinbaum mostró una encuesta realizada por la firma Enkoll en septiembre pasado, acerca de quién es considerado el mejor presidente de los últimos cinco sexenios. Los datos arrojados colocan a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de la lista con 68%, le sigue Vicente Fox con 6%, luego Enrique Peña Nieto con 5%, Felipe Calderón con 4% y al final Ernesto Zedillo con 3%.

“La gente lo recuerda a Zedillo como uno de los peores presidentes del país, cuyo sexenio le causó tanto dolor a millones de familias que, de la noche a la mañana, pasaron sus deudas al cuádruple o quíntuple, por el incremento en las tasas de interés; deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio, y a ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo; incluso hubo gente que se suicidó por lo terrible que significaba deber tanto dinero de la noche a la mañana”.

Sin embargo, adujo la presidenta, “los deudores grandotes, los bancos, empresarios, todos ellos, recibieron, sin ningún problema el apoyo, y también de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas privadas convertidas en públicas.”.

Y el Fobaproa no sólo fue una mala decisión, recalcó, Sheinbaum, sino que además el rescate fue absolutamente discrecional, ellos decidían a quién sí y a quién no apoyar. Las empresas de Vicente Fox, el sucesor de Zedillo, se beneficiaron del Fobaproa, como muchos otros políticos. Bueno, a algunos que ni debían, también se les pagó. No hubo transparencia”.

En cuanto a la crítica que publicó Zedillo en dos revistas antiguamente culturales, relacionada con la presunta muerte de la democracia gracias a la próxima elección judicial, la presidenta dijo: “No vale la pena responderle. Dice que es autoritarismo el hecho de que el pueblo elija al poder Judicial. Ese argumento se cae por sí solo. Recuerden que cuando asumió el poder quitó a todos los ministros de la Suprema Corte, con el apoyo del PRI y del PAN, y él personalmente eligió a los nuevos. Eso, para él, no es autoritarismo, pero que el pueblo decida sí lo es. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Que alguien me explique”.

Una tragedia que pudo evitarse

El Fobaproa, sostuvo Pablo Gómez, “fue una tragedia que pudo haberse evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, y nada de eso predominó en el poder político de entonces”.

En ese sentido, el funcionario relató: “La tendencia de la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral (1994), pero no se debió a que iba a haber elecciones, sino a la situación de la economía mexicana y de la política de Carlos Salinas, de contener, de manera artificial, el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales, pues los dueños del dinero buscaban garantías para mantener el poder adquisitivo de sus fondos. Esta situación fue advertida no sólo por economistas, sino por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debía actuar con fuerza frente a esta tendencia, porque iba a haber elecciones, ese era el argumento principal, que luego del proceso electoral ya se iba a solucionar todo, pero no fue así: después de las elecciones, las cosas empeoraron muchísimo más”.

Durante este periodo, los bancos daban créditos quirografarios, es decir, sin ningún respaldo, sólo con la firma del que recibía el crédito, y eran créditos millonarios a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos ejecutivos, parientes de los gerentes. Es decir, hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos. Y esto está documentado. Claro, en el momento en que estalla la crisis, el presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Hacienda (Jaime Serra Puche) dijeron ‘es que no sabíamos nada de los bonos invertidos’. ¿Pero cómo no iban a saber si eran miembros de ese gobierno salinista?”.

Zedillo, relató Gómez, “no iba a ser el candidato del PRI en 1994, pero sí fue coordinador de la campaña del finado Luis Donaldo Colosio (a quien sustituyó como candidato presidencial). Así que claro que tenía conocimiento de la situación económica. Su carrera como alto funcionario comenzó en el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), un instrumento para sustituir confianza por soluciones a los problemas de deuda en dólares que tenían los empresarios”.

Y a continuación, Pablo Gómez explicó cómo se construyó el Fobaproa: “Empezó a operar fondeando a los bancos que tenían dificultades de cobro, una cantidad enorme de créditos en cartera vencida y que el Fobaproa asumía a cambio de bonos que se le entregaban y entraban al activo y al patrimonio del banco.

Es decir, empezó cubriendo adeudos privados, pero esa no era su función, sino ser una especie de seguro para proteger el ahorro bancario. Cuando un banco entraba en dificultades, la Comisión Nacional Bancaria intervenía y podía sanearlo utilizando las cuotas pagadas por los bancos al Fobaproa y cubriendo determinados quebrantos. Aunque no había un techo, como después se puso, de todas maneras, eso dependía de la política de la propia autoridad bancaria del país”.

Esta situación no fue informada al Congreso, “pero cuando se supo, el asunto era mucho peor de lo que se suponía; las cosas ya estaban en un nivel insostenible, ¿quién va a cubrir todo este desastre? La economía estaba mal, la inflación galopaba, el tipo de cambio fue de los tres a los 11 pesos por dólar”.