Activistas y ONGs exigen preservar la consulta a personas con discapacidad

Advierten que aprobar el proyecto de Lenia Batres para limitar esta figura representa una regresión inaceptable



Audiencia pública. Foto: Aracely Martínez

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron las audiencias públicas con personas con discapacidad para escuchar directamente a estas comunidades antes de emitir sentencias que puedan afectar sus derechos.

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En esta primera jornada, la mayoría de los participantes pidieron no aprobar el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres, que propone revisar caso por caso la consulta a personas con discapacidad antes de aprobar leyes.

Activistas, académicos y representantes de organizaciones civiles señalaron que el proyecto de la ministra Batres es un retroceso en materia de derechos humanos.

La coordinadora de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Patricia Claudia Brogna, sentenció que la propuesta es regresiva en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y del ejercicio pleno de la convención el derecho a consulta, que está cubierto por mecanismos internacionales.

A su vez, Saori Pérez Milo, activista por los derechos de las personas con autismo, advirtió que la consulta a personas con discapacidad no es una opinión, es una obligación del Estado mexicano que asumió al firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a hacer partícipes de manera plena y efectiva a quienes tienen alguna discapacidad, a través de las organizaciones que los representan; sin embargo, esto no se cumple.

Los representantes de estas comunidades insistieron en que aprobar el proyecto de Batres implicaría debilitar el derecho a la consulta, al permitir que las legislaturas emitan normas sin consultar adecuadamente a las personas con discapacidad.

Por ello, demandaron a los ministros no aprobar el proyecto y fortalecer el estándar de consulta como un mecanismo de participación efectiva y no meramente formal.

Por su lado, la ministra Lenia Batres denunció que en los últimos 10 años la Corte ha invalidado 50 leyes por falta de consulta previa y 47 de ellas estaban relacionadas con derechos políticos, educativos y de defensa adecuada.

Durante esta primera jornada, más de 30 personas con discapacidad, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil compartieron, de manera presencial o a distancia, sus experiencias, preocupaciones y propuestas. Hubo participaciones de diversos estados del país, entre ellos Michoacán, Morelos, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Tabasco y San Luis Potosí.

El Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz reconoció que fue un día de mucho aprendizaje para todos los ministros y ministras que se dieron cita y agradeció a todas y todos los participantes por estar en una jornada como ésta.