El presidente Andrés Manuel López anunció que ayer se tomó la decisión de reabrir la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa.

La representación de los trabajadores sindicales que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, con la mediación del gobierno federal, logró un acuerdo con los accionistas de America’s Wold & Silver.

La mina San Rafael estuvo cerrada desde el 26 de enero de 2020, situación que causó un severo daño en miles de personas y familias, Ovaciones investigo y enteró al Presidente del caso hoy se hace justicia para el pueblo trabajador.

Desde hoy la Sección 333 del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza el delegado Yasser Beltrán Kurioca y 14 delgados empezaron a realizar trabajos encaminados a la reapertura y generar las condiciones de un nuevo entendimiento, después de una lucha histórica.

La mina de Cosalá desde el 26 de enero del 2020 se ha fundado en la exigencia de los trabajadores por la aplicación de un contrato colectivo de trabajo.

Así como las medidas referentes al medio ambiente y a la salud.

Existía una disputa entre organizaciones sindicales por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

En febrero y agosto del 2020 se realizaron diversas acciones tendientes a acercar las posiciones y a buscar entablar un diálogo entre las partes.

El 17 de septiembre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje llevó a cabo un recuento para definir la titularidad del contrato colectivo.

Este contrato fue ganado con 121 votos por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza el Senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia.

Para el 20 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana como el titular del contrato colectivo.

Derivado de este reconocimiento se presentaron dos juicios de amparo, por lo que la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo está aún en tribunales.

En diciembre del 2020, el presidente de la República instruyó a las titulares de las secretarías de Gobernación, de Trabajo y de Economía encargarse de la conciliación del conflicto.

Durante ese mismo mes fueron retomadas las negociaciones con la intención de reanudar las operaciones de la mina, conciliar las diferencias entre la empresa y el sindicato.

En marzo del año en curso se llevaron a cabo diversas reuniones para la discusión y negociación de un nuevo acuerdo.

Como resultado de los encuentros, se trabajó en una carta compromiso con el detalle de los alcances de la reapertura de la mina, el ingreso de los trabajadores y la realización de una visita de inspección en materia de seguridad e higiene por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El 26 de abril, una comisión de servidores públicos de las secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía, se entrevistó con 14 trabajadores en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La coincidencia es que todos deseaban se reabriera la Mina de Cosalá.

POSICIÓN DE LOS TRABAJADORES

La mina San Rafael de Cosalá, Sinaloa, es explotada por la empresa canadiense America’s Gold and Silver, cuyo principal accionista es Darren Blasutti.

Los trabajadores de la mina San Rafael son sobreexplotados, tienen bajos salarios,  inseguridad laboral, no cuentan con servicios médicos, no gozan de las prestaciones de ley y su seguridad física peligra durante toda la jornada laboral debido a que no hay salidas de emergencia, seguridad conforme lo establecen los protocolos laborales y se carece de salidas de emergencia.

La empresa America’s Gold and Silver no ha cumplido con la creación de infraestructura, mejoramiento de calles y obras comunitarias acordadas con la población y los trabajadores.

En contraparte han contaminado el agua, el suelo, los bosques y evaden impuestos.

La empresa ha simulado contrataciones y registros ante las autoridades del Trabajo.

Ha diversificado al personal, en cuatro outsourcing, para manifestar  en la JFCA casi 500 trabajadores cuando no llegan a 300.

La empresa cuenta con 75  ‘denuncios’ o ‘concesiones’ para operar, pero sólo los usan para especular en la Bolsa de Valores.

Los mineros perciben 250 pesos diarios por jornadas de 12 horas y no tienen las prestaciones de ley.

La empresa San Rafael se llevaba cinco mil 160 toneladas de oro, de plata, de zinc y de plomo en algo que ellos le llaman concentrados.

Al no existir fundidoras, America’s Gold and Silver sacan la piedra en bruto, se la llevan a otros países y México no conoce qué cantidad de metal explotan y por consiguiente no pagan los impuestos correspondientes.

La empresa ha hecho uso de grupos políticos para operar en la impunidad y dañar los intereses de los trabajadores.

La empresa pese a que existe un proceso de negociación donde el mediador es el gobierno federal por instrucción presidencial, ha realizado: actos de persecución contra los dirigentes sindicales, delegados y trabajadores (hombres y mujeres).

Ha intentado comprar a los trabajadores y ante las negativas colectivas, llegó a las amenazas.

Los accionistas de la empresa y sus representantes legales coludidos con autoridades Ministeriales ha enderezado imputaciones que dieron origen a carpetas de investigación sin fundamento y que se vinieron abajo.

Las querellas han pasado del Fuero Común al Federal (FGR), pero no han tenido éxito por ser invenciones.

La empresa contrató los servicios de despachos nacionales y de muy mala reputación. Entre ellos, el  Gabriel Alejandro Regino García.

Sus alcances son tales que consiguieron el congelamiento de cuentas bancarias a donde llegaban los fondos de resistencia. Aportados por miles de trabajadores mineros del país.

Ante toda esta ola de violaciones, vejaciones e impunidad de la parte empresarial. Los trabajadores mineros deciden lanzar la Iniciativa Cosalá, para garantizar Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

Además, se propone la instalación de fundidoras en todas las zonas mineras del país, para evitar que las empresas transnacionales se lleven a sus naciones concentrados de piedra-metal con perjuicio de las comunidades y toda la República.

Ahora deberán llevare onzas de oro, plata, bronce y diversos metales con peso exacto y completa transparencia, para evitar, saqueo de los recursos nacionales, robo de metales precios y dañar a las arcas de la nación por el incumplimiento de impuestos y tributaciones.