GABY SALIDO
Las festividades de los doscientos doce años del inicio de la lucha de independencia, y la arenga “muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo” invitan a pensar si los compromisos de la 4T realmente se ha cumplido, o ellos mismos han olvidado la convicción de “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”; por poner un ejemplo, hablemos del Gobierno CDMX.
En nuestra cultura popular se dice: ¡No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas!; sin embargo en el Gobierno local no se pone en práctica, pues hay Acuerdos de la Jefatura de Gobierno que son claros intentos legislativos, acciones para centralizar facultades de las Alcaldías, o bien se asumen funciones de otros entes de Gobierno, que legalmente no le corresponden.
Lamentablemente esas acciones se presentan con mucha frecuencia, incluso más que en tiempos del entonces Departamento del Distrito Federal, en ese contexto, ¿realmente en la CDMX en pleno 2022, hay independencia?
Apenas el 2 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX una reforma que permite otorgar un certificado de uso de suelo por “reconocimiento de actividad” a negocios o giros de impacto vecinal que durante cinco años o más han funcionado evadiendo la ley; reconociendo por el simple transcurso del tiempo y como premio por realizar actividades al margen de las normas, validez de un uso de suelo originalmente no permitido, provocando conflictos en materia de competitividad; pues es discriminatorio al no aplicar para todos los giros, y no dar igualdad de condiciones en el mismo sector económico.
Muchas inconsistencias podemos señalar en esa publicación, pues nada tiene que ver con lo anunciado un día antes por la Jefa de Gobierno junto con SEDUVI, SEDECO y la Agencia Digital, pues hablaron de un Acuerdo de simplificación de trámites y facilidades administrativas para restaurantes con más de diez años de funcionamiento que no tienen uso de suelo.
Su calendario de acciones incluía mandar al Congreso reformas “al gusto” como si fuera una extensión de la oficina de la Jefatura de Gobierno; en franco desprecio de la división de poderes y de la participación ciudadana en el proceso legislativo. Se habló también de gratuidad para realizar el trámite, y lo publicado establece un costo; así, entre lo declarado y lo publicado en la Gaceta Oficial, hay un abismo de diferencia.
Citando la frase “las palabras vuelan, lo escrito queda” vemos que literalmente las promesas de la Jefatura de Gobierno se las llevó el viento, pues la simplificación de trámites para los negocios aún no es vigente; seguramente no es prioridad en comparación con el sector inmobiliario, al que semanalmente le publica más facilidades o ajustes en materia de vivienda, a pesar del proceso de consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial.
Recientemente anunció una mesa de atención para recibir denuncias por abusos inmobiliarios sólo en una Alcaldía -de forma discriminatoria y sin fundamento- y pretende considerar de forma discrecional cuales proceden y cuáles no; asumiendo facultades de investigación como una Fiscalía.
Además de la investigación, el gobierno se vuelve juez y parte al involucrar a SEDUVI -que emite los Certificados de uso de suelo, señalando cuánto se puede construir y el número de pisos autorizados-, y como si no hubiera autoridad o ley, pretende asumir funciones al decidir cuales regularizará a pesar de ser ilegales; olvidando que modificar los Programas de Desarrollo Urbano es facultad del Congreso CDMX.
Debemos estar atentos a las verdaderas intenciones o señales de autocracia escondidos en los Acuerdos publicados; pues argumentar y fundamentar en la simplificación de trámites, eliminar la corrupción o reactivar la economía, se vuelve pretexto para mofarse de la ciudadanía y creernos ingenuos.
Diputada Congreso CDMX
