AIDA RAMÍREZ
Foto: Laura Lovera/El Sol de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no son encubridores”, luego de señalar que el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo en el marco del juicio que se lleva para recuperar más de 700 millones de dólares contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que el gobierno litiga en una Corte de Florida, Estados Unidos.
“Acaban de otorgar un amparo del Poder Judicial de nuestro país y queremos que se conozca porque no queremos ser cómplices y ocultar lo que está sucediendo”, adelantó en el inicio de su conferencia de prensa matutina de este jueves.
“Pablo Gómez va a informar sobre un juicio que se lleva a cabo en Florida, en donde el Estado mexicano reclama bienes que presuntamente se adquirieron con dinero ilícito, esto relacionado con el caso de García Luna y gentes cercanas”, dijo, y sostuvo que la vida pública tiene que ser más pública y “no somos encubridores”.
Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez acusó que el pasado 25 de enero, el Quinto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, que preside Jorge Antonio Cruz Ramos, junto con María Elena Rosas López y Pablo Domínguez, de manera unánime, le otorgó un amparo a Luis Cárdenas Palomino para que al exfuncionario lo eliminen o saquen de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, por lo que tendrá acceso a la cuenta por 5.5 millones que le fue bloqueada.
Afirmó que hay una cadena de corrupción que es llevada a cabo por algunos jueces, quienes incluso han bloqueado la entrega de información por parte de la UIF en la persecución de delitos en los que estuvieron inmersos Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, quienes fueron secretarios de Seguridad.
Señaló que no todos los juzgadores han practicado estas acciones, pero que algunos han hecho lo imposible por evitar que los presuntos responsables de ilícitos paguen por sus actos, por eso exhortó a los juzgadores: “Ayuden a luchar para proteger para proteger el sistema financiero nacional pero para acotar el espacio de la impunidad y la tolerancia a la corrupción”, agregó.
“Yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de Estados Unidos”, dijo.
En este sentido, dijo que en la UIF se tiene un caso de la red o relación financiera que operó Cárdenas Palomino con uno de los socios de García Luna en Miami, de los cuales recibió dinero; “no operaban en relación, operaban con independencia, pero sí tenemos una relación financiera concreta en un caso”, precisó Gómez Álvarez.
Durante la conferencia de prensa, en la que utilizó la mayor parte del tiempo para explicar este asunto, poco más de una hora, señaló que cuando Genaro García Luna era funcionario tejió una red de corrupción a través de la cual no sólo se benefició él, sino también a sus socios cercanos a través de un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países y el cual obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública del país por medio de los cuales se extrajeron, al menos, 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos.
Es más, aseveró que todavía “sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”, y señaló que la red de corrupción operó durante 20 años, aún y cuando García Luna ya no era funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Agregó que en esta trama de corrupción participaron 44 empresas, así como la esposa de García Luna, y cuyo dinero extraído fue llevado a Estados Unidos, principalmente a Florida, a través de países de El Caribe como Barbados, y se usó en la compra de bienes muebles e inmuebles, así como en otros activos para mantener el lavado de los recursos, esto es, casas y automóviles de alta gama y ya antiguos.
“Usaron al sistema financiero mexicano para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna propiciaba se hicieran con las empresas”, dijo y comentó que al gobierno mexicano le cobraron por un reconocimiento de adeudo que nunca se firmó y no existió. Lo anterior, aseguró, ya fue denunciado y las autoridades mexicanas están interesadas en ello, para lo cual, la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado asistencia e información al gobierno de México.
Por lo anterior, el titular de la UIF criticó al Poder Judicial de no permitir que se aplique la ley, por lo señaló que es indispensable llevar a cabo cambios de fondo –en la ley, pero también en el actuar de las instancias-, para evitar que la impunidad reine para los señalados. “Me consta que hay jueces y magistrados que le echan ganas, que apoyan”, dijo.
La Corte resolvió un amparo que determina que el procedimiento de bloqueo que se hace de acuerdo con la ley en el país carece de certeza y seguridad jurídica, pero que hay una excepción cuando el gobierno mexicano recibe la solicitud por parte del extranjero siempre y cuando haya una acusación formal.
Pablo Álvarez informó que el bloqueo de las cuentas de Cárdenas Palomino contabilizó cinco millones y medio de pesos, lo cual permitía que no llevara a cabo alguna acción bancaria, y complica el desarrollo de acciones ilícitas a través de las finanzas mexicanas.
“Esto significa que la acción del gobierno mexicano con el fin de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procesos jurídicos de diverso tipo que hacen actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en lista de personas bloqueadas por el poder judicial mexicanos que debería interesarse en lo contrario, como se debería suponer”, puntualizó.
Nunca es tarde para hacer justicia. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/Ts6fjnXU0g
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 9, 2023
