Ante la crisis desatada por los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, diputados federales del PAN acusaron que la aprehensión del alcalde de Movimiento Ciudadano en dicho municipio, José Asunción Murguía Santiago, es solo una cortina de humo.

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El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ya no pudieron mantener el pacto de impunidad intacto alrededor de la crisis por el campo de exterminio y crematorio clandestino en Teuchitlán.

“Para lavarse la cara pretende darnos un chivo expiatorio, celebramos la detención del alcalde de Movimiento Ciudadano en Teuchitlán, porque hay reportes de que al rancho se le despojó de manera violenta al legítimo propietario en 2012”, sentenció.

No obstante, advirtió que este caso no debe quedar impune y faltan peces gordos por atrapar desde el más alto nivel de gobierno por este lugar donde murieron muchas personas inocentes.

El diputado Federico Döring dijo por su lado que luego de haberle arrebatado este predio a sus legítimos dueños, nunca se había hecho el traslado de dominio ni se había registrado en el municipio como propiedad de alguien de la delincuencia organizada hasta este alcalde que está detenido.

“Es un chivo expiatorio, el PAN exige que se aplique la ley a todos que se acabe el pacto de impunidad entre Sheinbaum y Lemus. Decirnos que solo dos policías de tala y el alcalde de Movimiento Ciudadano explican el centro de exterminio es insultar nuestra inteligencia”, precisó.

Asimismo, puso como ejemplo que “es como si nos dijeran que solo los Abarca, sin el Ejército, ni ninguna autoridad más estatal o federal, explican la tragedia de Ayotzinapa”.

Acotó que en su momento que el Ejército diera la cara y Peña Nieto no protegiera a los militares, que tuvieron que ver con la desaparición de estudiantes, es momento de levantar la voz y exigirle a Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus, no cuidarse uno a otro.

“Que la Guardia Nacional responda por los corruptos que permitieron que esto funcionara por varios años y desde luego en el Gobierno de Jalisco deben rodar cabezas y ser consignados ante jueces a funcionarios que protegieron esta operación clandestina e ilegal de la fiscalía de Jalisco, comisión estatal de búsqueda de Jalisco y de la Secretaría de gobierno local”, concluyó.