La construcción de 21 casas de gobierno en la Ciudad de México, planteadas como nuevas sedes territoriales de la administración encabezada por Clara Brugada Molina para acercar servicios, gestión y atención directa a la población, implicaría más burocracia, duplicidad de funciones e invasión de competencias de las alcaldías, además de restar recursos a obras y servicios, denunció el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, al rechazar el Programa General de Desarrollo.

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Acompañado por la directora ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano, Gabriela Salido Magos; el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Bernal, y representantes de Copacos de distintas colonias, el alcalde advirtió que este esquema generaría estructuras paralelas en el territorio que debilitaría a las autoridades electas y a la representación vecinal.

Señaló que, bajo este modelo, las casas de gobierno asumirían funciones relacionadas con servicios urbanos, gestión territorial, desarrollo urbano e incluso decisiones sobre obra pública y presupuesto, lo que sustituiría la cercanía directa que actualmente tienen las alcaldías con la población.

Al señalar que “estamos en contra de crear más burocracia y de invadir competencias de las alcaldías; lo que se necesita son más recursos para obras y servicios”, vinculó esta propuesta con el contenido del Programa General de Desarrollo, al señalar que existe desconfianza entre los vecinos, quienes han manifestado su rechazo a decisiones que, afirmó, se pretenden tomar sin consulta efectiva y mediante mecanismos que sólo buscan legitimar resoluciones previamente definidas.

Advirtió que, aunque no se eliminan formalmente las comisiones de participación comunitaria, sí se reduce su incidencia en la toma de decisiones. “No desaparecen los Copacos, pero sí les restan peso”, afirmó, sin embargo, señaló que en materia presupuestal la alcaldía genera alrededor de cinco mil millones de pesos anuales por concepto de predial, mientras que su presupuesto es de aproximadamente tres mil doscientos millones, lo que representa una diferencia de al menos dos mil millones de pesos.

Indicó que estos recursos, junto con ingresos derivados del desarrollo inmobiliario y mitigaciones, no se reinvierten en la demarcación, lo que ha incrementado la presión sobre los servicios sin beneficios proporcionales para los habitantes.

Por lo anterior, Tabe Echartea advirtió que el programa podría facilitar una mayor explotación del suelo sin reglas claras de redistribución, al señalar que “cada torre que autorizan es más dinero para el gobierno de la ciudad y más problemas para nuestros vecinos”.