Hoy la Comisión de Puntos Constitucionales discutirá una reforma para adelantar la revocación de mandato presidencial de 2028 a 2027. La propuesta busca que el ejercicio coincida con las elecciones federales de junio de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados, gubernaturas, Congresos locales y la otra mitad de juzgadores pendientes.
El proyecto fue presentado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena. Su argumento es unificar votaciones para ahorrar dinero, aumentar la participación ciudadana y “fortalecer la rendición de cuentas”. En el papel suena simple, pero debajo de la mesa se esconden varios dardos envenenados.
Un viejo debate
La revocación de mandato es reciente en México, incorporada a la Constitución en 2019, impulsada por López Obrador, quien la presentó como forma de que “el pueblo ponga o quite al presidente”.
El primer ejercicio ocurrió en abril de 2022, un año después de las elecciones intermedias. Morena quería hacerlo junto a los comicios de 2021, pero no tenía los votos para cambiar la Constitución. La oposición se opuso, alegando que coincidir ambos procesos permitiría usar la figura presidencial para influir en la elección intermedia. Por eso la revocación se movió a 2022, convirtiéndose en una campaña adelantada, con apenas 17.7% de participación.
Qué cambia ahora
Con una mayoría calificada, Morena ahora puede mover la fecha constitucional. La idea es que la revocación se vote el primer domingo de junio de 2027. Esto permitiría tener una sola jornada electoral, aumentar la participación (podría pasar de 17% a más de 40%) y evitar gastar otros mil 500 millones de pesos en una elección separada.
El otro lado de la moneda
Para los críticos, el cambio no busca ahorrar, sino cálculo electoral. Si la Presidenta Claudia Sheinbaum aparece en la boleta el mismo día que los candidatos de Morena, su imagen podría arrastrar votos a favor del partido. La elección intermedia se convertiría en oportunidad para operar a favor del oficialismo, mantener la mayoría calificada en San Lázaro, y conservar o ganar gubernaturas y congresos locales. El riesgo es doble: se presidencializa la elección y se desvirtúa la revocación para ser usada como arma electoral. La reforma judicial recién aprobada y la elección de jueces del mismo año aumentarían la carga logística y el ruido político; incluso el INE advirtió que organizar tres votaciones el mismo día puede provocar errores y confusión.
Apuesta arriesgada
Actualmente, Sheinbaum mantiene alrededor del 70% de aprobación, pero la seguridad pública es su flanco más débil. Si la violencia aumenta, una revocación concurrente con más de 40% de participación podría volverse vinculante y letal. Si la mayoría vota por quitarle el cargo, la Presidenta de la Cámara de Diputados asumiría interinamente y el Congreso, liderado por Ricardo Monreal y Adán Augusto López, designaría un sustituto hasta 2030. Sheinbaum busca legitimidad a mitad del sexenio, pero el mecanismo podría ser un bumerán político, dependiendo de la aprobación de legisladores federales y al menos 17 Congresos locales.
El Dato Incómodo
La creación de empleo formal cayó 32.6% en 2025: apenas 400 mil plazas nuevas registradas en el IMSS hasta octubre, comparado con más de 900 mil de 2021 a 2023. Ni con eventuales ni con permanentes se revierte la tendencia.
