La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advirtió que las leyes que se analizan en la Cámara de Diputados, aunque están frenadas, incluyen disposiciones que ponen en riesgo derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, establecidos en el artículo 16 de la Constitución.
Explicaron que es preocupante que las iniciativas presentadas para expedir la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública tienen que ser revisadas con mucho cuidado.
Los juristas detallaron que las iniciativas plantean la creación de bases de datos con información personal, fiscal, financiera, telefónica y biométrica de las personas, sin orden judicial, sin criterios claros sobre su necesidad o proporcionalidad, y sin medidas adecuadas de seguridad ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Asimismo, hicieron destacar que se propone un registro similar al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por violar los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
“La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia por parte del Estado representa una seria amenaza para la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad en la era digital. La recopilación y almacenamiento de datos personales debe aplicarse solo en casos excepcionales, ser necesaria, proporcional y contar siempre con la autorización de una autoridad judicial”, sentenciaron.
Los abogados dejaron en claro que fortalecer las capacidades del Estado para investigar delitos no debe dar lugar a la vigilancia masiva ni a normalizar el acceso a datos sensibles sin supervisión judicial.
En este contexto, solicitaron al poder Legislativo que revise estas iniciativas para asegurar su apego a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, sentenciaron que es indispensable dotar al poder Judicial de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo, y establecer órganos independientes que supervisen las bases de datos autorizadas conforme a estos criterios, ya que su manejo afecta directamente el derecho a la vida privada.
Además, demandaron dialogar con personas expertas en derechos humanos y tecnología, para construir un marco legal equilibrado que proteja a la ciudadanía sin poner en riesgo sus libertades.
