Comisiones del Senado dieron luz verde a la nueva Ley de Telecomunicaciones. Un documento de 226 páginas que nadie leyó y todos votaron. Fast track legislativo. No hubo discusión. No hubo lectura. No hubo dudas. Solo órdenes. Solo consecuencias de largo alcance.
La ley entierra al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo que durante años reguló con estándares técnicos y contrapesos jurídicos. Su reemplazo es una oficina sin freno: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Una dependencia directa del Ejecutivo federal. Sin consejo. Sin oposición. Sin árbitro.
Y ahora, con el espectro, las plataformas y los silencios en sus manos.
NUEVO PODER
La ATDT otorgará concesiones para radio, televisión y telecomunicaciones. Pero su poder no se queda ahí. También podrá suspender plataformas digitales, establecer criterios para los contenidos y bloquear cuentas o sitios enteros si considera que violan “lineamientos”.
No necesitará jueces. Ni procedimientos. Bastará un criterio administrativo para cerrar el acceso a una página, borrar una publicación o silenciar a un medio.
Y al frente estará José Merino, exdirector de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Merino no es neutral. No es técnico. Es operador político de confianza de la Presidenta.
Él decidirá qué plataformas cumplen. Qué canales permanecen. Qué narrativas sobreviven. Y lo hará sin responder a nadie que no sea Palacio Nacional.
TRUMP, LA EXCUSA
El argumento fue simple: hay que frenar la propaganda extranjera. Y señalaron los anuncios antimigrantes de Donald Trump como ejemplo. Dicen que esta ley es para evitar que eso vuelva a pasar.
Pero esa propaganda ya no está al aire. Y las leyes para detenerla ya existían. Entonces, ¿por qué insistir?
Porque el verdadero objetivo no era frenar anuncios. Era construir una arquitectura legal para silenciar voces incómodas.
De ser aprobada, cualquier contenido etiquetado como inapropiado podrá desaparecer. Cualquier usuario podrá quedar fuera. Y cualquier medio puede perder su concesión si incomoda al poder.
SIN LEER
El dictamen fue votado sin mover una sola coma. La presidenta Sheinbaum justificó las críticas diciendo que había “un error de redacción” en el apartado sobre plataformas digitales. Se refería al artículo 109, el que permite al gobierno bloquear redes sociales o sitios web sin orden judicial.
Pero no presentaron modificaciones. No corrigieron ni una palabra. Porque no fue un error. Fue diseño. Fue el verdadero objetivo.
Tampoco hubo parlamento abierto. No hubo consulta a expertos. Las radios indígenas fueron ignoradas. Los medios comunitarios excluidos. Los académicos, silenciados. ¿Y la oposición? Gritó censura, autoritarismo, violación de derechos humanos. Morena respondió con votos. Arrasaron.
Este lunes, el Senado votará en el pleno. Todo indica que será aprobado. Y ahí a la Cámara de Diputados. Si no hay cambios profundos, en pocas semanas se activará el nuevo régimen de información.
La ATDT emitirá los lineamientos. Ahí se decidirá quién puede hablar. Qué se puede decir. Cómo se monitorea. A quién se bloquea.
Y el filtro ya no será técnico, legal o plural. Será político. El gobierno federal ya eligió: tener un espacio para expresarse será un privilegio. Pues lo que está por aprobarse no es una política digital. Es un nuevo orden narrativo.
Ya no será la red quien conecte a la gente. Será el poder quien decida qué conexión es válida. Qué contenido merece circular. Qué medio merece existir. Y cuando la libertad de expresión depende de una oficina, ya no es un derecho. Es privilegio de pocos.
El próximo lunes no se vota una ley. Se vota quién tiene la última palabra en este país. Y a partir de entonces, el que incomode… será silenciado.
