Al igual que sucedió en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cinco candidatos punteros en la elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial coinciden con los aspirantes impulsados a través de acordeones, que fueron distribuidos en todo el país.

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Celia Maya García, Eva Verónica de Gyves Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H León Tovar, aventajan las votaciones, con el 97 por ciento de los votos computados.

Al igual que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Tribunal, calificado como el “juez de jueces”, será presidido por quien obtenga el mayor número de votos en las elecciones del 1 de junio, en este caso, Celia Maya García, ubicada como cercana a Andrés Manuel López Obrador.

Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro durante más de 30 años y en 2023, el Senado la nombró consejera de la Judicatura Federal, con el respaldo de Morena.

Fue candidata a la gubernatura de Querétaro en tres ocasiones (2003, 2015 y 2021), postulada por el PRD y Morena. En 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador la propuso como ministra de la Suprema Corte, pero no obtuvo votos suficientes en el Senado.

En segundo lugar, se ubica Eva Verónica de Gyvez, también cercana a Andrés Manuel López Obrador, juez penal durante 15 años y magistrada por 11 años. Desde 2019 fue consejera de la Judicatura Federal, cargo que concluyó en noviembre de 2024. Le corresponderá la presidencia del Tribunal tras el periodo de Celia Maya.

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El tercer aspirante mejor calificado es Bernardo Bátiz, político de larga trayectoria, a quien le corresponderá la presidencia del Tribunal en la última parte de esta integración, aunque llegará a los 92 años a esa posición, pues actualmente tiene 88 años.

Los otros miembros de este Tribunal de Disciplina serán Indira García Pérez y Rufino H León Tovar, también afines al movimiento de la 4T.

Este Tribunal de Disciplina Judicial será el encargado de investigar y sancionar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación que cometan irregularidades. Este tribunal sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y tiene independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones.

Entre sus funciones están: investigar y sancionar a funcionarios judiciales por faltas graves como corrupción, nepotismo y decisiones sin sustento legal.

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Además, recibir denuncias ciudadanas y revisar casos de jueces señalados por beneficiar intereses personales; aplicar sanciones como suspensiones, destituciones o inhabilitaciones y también supervisar la actuación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque las sanciones deben ser aprobadas por el Senado.