RODRIGO ALPÍZAR

La agenda legislativa sigue muy activa, esta semana en la Cámara de Diputado se aprobó el Paquete Económico 2023 en lo correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, así como la Ley Federal de Derechos.

Ahora corresponde al Senado estudiar y revisar dicho Paquete y someterlo a votación a más tardar, el 31 de este mes. Esto significa que a finales de octubre tendríamos claridad de cuales será los criterios por los cuales el gobierno mexicano obtendrá recursos para su operación. Será especialmente importante revisar el tema fiscal tanto a personas físicas como morales, insumos y bienes finales, pues esa información es esencial en la planeación de toda empresa.

También esta semana, pasó por el Legislativo la iniciativa de restringir la circulación de los camiones de doble remolque, misma que lleva una década por lo menos subiendo y bajando de la discusión legislativa. Finalmente fue desechada de nuevo, aunque la discusión de fondo sigue ahí, pues si bien hay un sector empujando el tema genuinamente en nombre de la seguridad vial, también hay otro que, con datos mano, ha mostrado que las implicaciones logísticas se traducirían en alzas en los precios y en retrasos en el suministro de diferentes bienes, no solo de los productos que generan las industrias privadas sino de insumos que proveen empresas como Pemex. En un contexto donde están midiendo fuerzas la reactivación económica y la inflación, es simplemente inviable aumentar costos logísticos.

Y no es un debate tan sencillo, como algunas voces lo mencionan, sino que se deben involucrar las instancias encargadas del mantenimiento carretero, así como las responsables de asegurar la capacitación y las condiciones óptimas para los trabajadores encargados de operar estos vehículos. Además, en México se cuentan con normativa para mejorar las condiciones generales del transporte, justamente porque la prohibición ataca todas las cadenas de suministro del país. En fin, por ahora el tema se bajó de la discusión, pero no tardará mucho en volver, ya que cada legislación hay un grupo parlamentario que lo sube de nuevo, aunque los problemas de fondo sigan sin resolverse.

Finalmente, la iniciativa de pronto pago aprobada recientemente por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, suena muy atractiva para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ya que propone que toda empresa grande que le compre a una mypime tenga como plazo de pago máximo 30 días contados a partir de la entrega del bien o servicio, que en caso de ser necesario algún proceso de comprobación o aceptación, este no supere los 15 días naturales y que, en caso de requerir un plazo mayor de pago, el tiempo total no exceda los 60 días naturales.

Hay que seguir el rumbo de esta iniciativa, pues ya paso el primer filtro de comisiones y ahora deberá pasar al pleno y finalmente aprobarse para entrar en vigor. Esperemos que, con la misma premura con la que se han aprobado iniciativas alineadas a los proyectos del Ejecutivo Federal, avancen también cambios legislativos que protegen y fomentan el crecimiento de las empresas de menor tamaño.