AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La erradicación de la corrupción de la vida pública del país quedará como buena intención en el discurso presidencial, pues de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2022 las instituciones públicas federales adjudicaron 2.5 millones de pesos a empresas fantasma, 107 millones 868 mil pesos a empresas sancionadas y tres mil 474 millones a empresas de reciente creación.

También, aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 184 de 260 instituciones federales y disminuyó en 76.

La institución con mayor riesgo de corrupción fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con 70 puntos en el IRC, 26 puntos más que en 2021; 99% de sus compras públicas fueron a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

“Las compras públicas son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones del gobierno y la provisión de bienes y servicios. Y son vulnerables a prácticas corruptas como el desvío de recursos, el soborno y la colusión”, señaló el estudio.

La nueva edición del IRC observa que en 2022, las instituciones públicas federales llevaron a cabo 174 mil 219 compras y gastaron más de 513 mil millones de pesos, monto que representa 9.0% del presupuesto programable ejercido ese año; y siete de cada 10 instituciones aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021.

De las prácticas de riesgo en las compras públicas del gobierno federal en el año pasado, destacan la falta de competencia, que se observa desde 2019; 38% del monto gastado en compras públicas en 2022 se adjudicó directamente y 25% de los concursos tuvieron tres participantes o menos.

La falta de transparencia se observó en más de 13 mil adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de dos mil licitaciones públicas (30%) estuvieron incompletas; 4.0% de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.

De los proveedores de riesgo en 2022, las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y 32% de este monto fue a través de adjudicaciones directas y 64% se destinó a servicios de vigilancia.

El IMCO propone fortalecer los procesos de compra consolidada de medicamentos e insumos farmacéuticos en el sector salud, particularmente en el nuevo IMSS-Bienestar; reformar el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la SFP para que cumpla la función de proporcionar información útil y oportuna a las instituciones contratantes.

Y modificar, a través de una reforma legislativa, la disposición que permite a las instituciones realizar adjudicaciones directas cuando se trate de bienes y servicios destinados a la comercialización directa.