No hubo sorpresas ni revelaciones en el informe que ofreció Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, acerca del caso Teuchitlán.

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En conferencia de prensa, el funcionario, fiel a su estilo adusto, leyó un documento con 14 puntos en los que culpa de omisa a la fiscalía estatal y desglosa las acciones que la dependencia a su cargo lleva a cabo con respecto a la indagatoria del predio que presuntamente era utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación como campo de reclutamiento y centro de exterminio.

Gertz abrió la rueda de prensa advirtiendo que es “obligación institucional indeclinable, analizar y valorar cualquier carpeta de investigación local que se pretenda atraer a la federación; en razón de ello, se hizo dicha valoración y estos son los primeros resultados”.

Y a continuación citó cada punto. En el primero asentó que “las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en este caso, en septiembre y octubre del año pasado, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos”. Y agregó que la fiscalía estatal incumplió “con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo en lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonados en el sitio”.

Asimismo, aseguró que otra omisión consistió en que “no se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales tres ya han sido robados” y tampoco “se le dio intervención inmediata a la FGR por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre, y de delincuencia organizada”.

Autoridad estatal, poco aplicada

El fiscal general hizo hincapié en que la autoridad local no realizó la inspección total y exhaustiva del lugar y tampoco ordenó la inmediata identificación de huellas dactilares.

En este punto enfatizó que, medio año después de haber sido resguardado el lugar, los servicios periciales del estado “aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados”. Y tampoco, subrayó Gertz, “cuenta con los análisis físicos y químicos que vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividad crematoria que deben haber estado sometidas a temperaturas entre 800 y 1,200 grados centígrados, lo cual necesariamente debe dejar huellas periciables”.

El funcionario informó también que todavía no se establecen, “con toda precisión, los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon; y, en un caso, elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera, y uno de ellos ya se encuentra detenido”. Declaraciones semejantes, asentó, se han encontrado en carpetas locales, que no fueron integradas a la investigación de este caso.

Otra omisión, señaló, radica en que “tampoco se le dio seguimiento cabal a la declaración de una de las víctimas, respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio; y, por ello, dejaban sus ropas para uniformarse”. Al respecto, puntualizó: “Identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de cárteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades”.

Cinco fallas procesales más

Después de las diligencias ministeriales, acusó Gertz, “dicho inmueble quedó prácticamente en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. ⁠

Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión o propiedad actual del inmueble ni se le tomó declaración inmediata al presidente municipal, al secretario general ni al secretario de Seguridad Pública municipal, respecto a sus obligaciones de prevención del delito”.

Para concluir con la serie de señalamientos de omisión, el fiscal informó que la autoridad estatal no acopió testimonios de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas.

En vista de todo lo anterior, adelantó que ya se le requirió a las autoridades del estado que, “con carácter urgente, hagan entrega a la FGR de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso, a fin de que esta Institución establezca lo procedente”.