Diputadas locales propusieron visibilizar el embarazo infantil como una forma específica de violencia, por lo que se proponen reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina.

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La diputada Tania Larios Pérez, promovente de la iniciativa, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, señala que, dada la edad biológica de la persona gestante, conlleva riesgos extremos de mortalidad materna y del producto, así como complicaciones físicas, impactos psicológicos y limitaciones en el libre desarrollo, por lo que es considerado como una forma de tortura o trato cruel.

La legisladora priista consideró que esta es una de las expresiones más crudas de la violencia y la desigualdad que enfrenta la niñez, por lo que urgió a reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ambos de la Ciudad de México, orientada a sancionar el embarazo infantil de niñas menores de 14 años de edad.

“El embarazo infantil no es una decisión, es consecuencia directa de la violencia sexual, la pobreza, la falta de educación integral en sexualidad y la ausencia de políticas públicas eficaces. Cada caso constituye una grave violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, que el Estado no ha logrado prevenir ni atender, dejándolas en estado de indefensión por omisiones institucionales y fallas estructurales”, sentenció.

Asimismo, dijo que, ante esta realidad alarmante, la iniciativa propone reconocer el embarazo infantil como una forma de violencia contra las mujeres, debido a los graves riesgos físicos, psicológicos y al impacto en el desarrollo integral de las niñas.

Establece que esta conducta será considerada una agravante y sancionada conforme a los artículos 175, 181 y 181 Bis del Código Penal local, aumentando hasta en una mitad las penas correspondientes.

Por lo que se dispone que, en todos los casos de embarazo infantil, deberá prevalecer, sin excepción, el interés superior de la niñez; se deberán activar de forma inmediata protocolos de protección, garantizar certeza jurídica a las víctimas y sancionar a los responsables, evitando cualquier forma de revictimización o negligencia institucional.

Con esta iniciativa se busca romper el círculo de violencia, abandono y desigualdad que trunca el proyecto de vida de miles de niñas, asegurando condiciones reales para la restitución de sus derechos, su desarrollo integral y una vida libre de violencia.

“El embarazo infantil no puede seguir siendo ignorado ni minimizado. La omisión del Estado también violenta. No se debe permitir que la falta de voluntad política, la descoordinación institucional o el silencio sigan condenando a niñas a una maternidad forzada en la Ciudad de México”, concluyó la legisladora local.