PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Roberto Hernández

En la Ciudad de México existen más de 12 mil unidades y conjuntos habitacionales, pero más del 70 por ciento están sin protocolizar ante la autoridad, lo que genera morosidad, invasión de áreas comunes, así como falta de autoridad, organización y representación legal, aseguró la titular de la Procuraduría Social capitalina, Claudia Ivonne Galaviz Sánchez.

La funcionaria explicó que ante este panorama es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo coadyuven para dotar a la Procuraduría mayores atribuciones, que le permita una mejor protección de los derechos de la ciudadanía y pueda hacer efectivas las sanciones contra las malas administraciones condominales.

Ante diputados locales, subrayó que la falta de atribuciones genera que los conflictos entre vecinos se alarguen y se trasladen hacia otras instancias.

“La Procuraduría Social no puede seguir siendo un organismo sin facultades ejecutorias, limitando sus tareas a la conciliación entre las partes o bien dejando a salvo los derechos para que los ejerzan ante otras instancias, lo cual prolonga los procesos de resolución de los problemas, afectando la calidad de vida de quienes viven en condominios”, sentenció.

Galaviz recordó que la primera ley de condominios se registró en 1973 y de ahí se han hecho algunos cambios, pero sigue sin resolverse el problema de fondo, pues durante décadas se han dejado de lado los problemas, por lo que se hicieron reformas al programa Bienestar para Unidades Habitacionales, con lo que se ha beneficiado a miles de personas.

Durante los diálogos ciudadanos Hacia una Ley de Condominio para la Ciudad de México, organizado por el Congreso local, la funcionaria subrayó que se ha hecho una inversión sin precedente, lo que ha permitido atender sobre todo a las unidades más grandes, en apoyo de los vecinos.

A su vez, Adylene Bueno Aguilar, analista de ONU-Hábitat, resaltó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el paradigma de vivienda adecuada es el primer paso para acceder al resto de los derechos humanos y esta incluye la seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad y una adecuada ubicación.

El diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, presidente de la Comisión de Vivienda, comentó que el condominio es una figura jurídica que ha hecho posible la buena dinámica urbana de la capital, por lo que se debe contar con una ley que contribuya a cumplir los compromisos internacionales de la agenda 2030, tomando en cuenta los parámetros de la vivienda digna y vivienda adecuada.

Asimismo, indicó que en 2022 la comisión recibió dos iniciativas de ley con las que se ha trabajado, integrando la perspectiva de especialistas en temas sociales, de derechos humanos, vivienda, luchas colectivas y en condominio vecinal, por lo que el producto jurídico generado resulta innovador, cubriendo vacíos legales existentes.

A su vez, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama planteó la creación de la figura de condominio familiar en la nueva ley, para dar certeza jurídica a las familias que han construido sus viviendas en predios de grandes dimensiones que actualmente pagan altos costos por diversos servicios.

Con lo anterior, enfatizó que lograrían ser incorporados a subsidios de mejoramiento de áreas comunes, aplicación de recursos económicos por parte de las alcaldías, entre otros beneficios.

Asimismo, descartó que la propuesta esté dirigida a nuevos desarrollos de vivienda pues se aplicaría únicamente a quienes ya viven de manera plurifamiliar.

El presidente del Colegio de Notarios, Antonio Montes de Oca Mayagoitia, resaltó que entre las principales propuestas de modificación para una nueva norma en la materia consiste en que ya no sea un sólo inmueble sino varios inmuebles que formen parte de la misma administración, dando paso a modelos innovadores de constituir un condominio y no sólo las tradicionales, vertical, horizontal y mixto.

Añadió la importancia de regular derechos y obligaciones a los condóminos, los derechos de preferencia, usufructúo y arrendamiento, así como la personalidad restringida, además de la necesidad de una plataforma de verificación de autenticidad de escrituras para los notarios y aumentar a tres años los vicios ocultos en construcciones nuevas.