Dentro de la lista de amenazas registradas en la agenda nacional de riesgos perfilada hacia 2025, resalta por su complejidad y evolución las amenazas híbridas. En la actualización de este instrumento de trabajo del gobierno federal donde distintas dependencias vierten sus escenarios basados en información recopilada a lo largo del año, la delincuencia organizada está catalogada como uno de los principales factores de riesgo para el país por las actividades que involucra y que golpean en las vulnerabilidades estructurales.
En el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las amenazas híbridas se han establecido como el principal factor de riesgo que vulnera la seguridad del Estado y que genera escenarios de inestabilidad en diferentes regiones del país. Una amenaza híbrida es aquella que mezcla ataques convencionales y no convencionales para desestabilizar una nación. Las primeras son de carácter militar y las segundas se basan en ciberataques, terrorismo, uso sistemático de la desinformación y propaganda, cuyo objetivo es “tejer un convencimiento social” para influir en la opinión y percepción pública. Al descartar los ataques convencionales, analistas militares consideran que la nueva forma de “hacer la guerra” es una combinación del uso de intermediarios para generar protestas sociales en territorios delimitados y la “creación artificial de un caos controlado”.
En este año que concluyó se multiplicaron los ejemplos de amenazas híbridas que pasaron de largo en la agenda informativa de los medios de comunicación, sin que se hiciera una pausa para analizar la dimensión real del problema que implican. En Chiapas por ejemplo, el uso de la propaganda y la desinformación generada por los grupos criminales que disputan las rutas de tráfico de migrantes, armas y droga, se ha caracterizado por la coerción a la población civil para usarlos como “escudos” e intentar expulsar a las fuerzas armadas que en distintos momentos han sido desplegados en las zonas en conflicto. El paramilitarismo y el desplazamiento forzado en la región fronteriza es un problema que no se ha atendido como emergencia de seguridad por las implicaciones a corto y mediano plazo que tiene. El uso de artefactos explosivos improvisados para atacar comunidades y al Ejército es solo una muestra de los sucesos cada vez más frecuentes que provocan psicosis en la población. Estas características con sus adecuaciones e implicaciones regionales aplican también para Michoacán en la región de Tepalcatepec, Coalcomán, Aguililla y Apatzingán.
Otra amenaza que el gobierno federal y los estatales minimizan es el crecimiento de los ataques cibernéticos. En noviembre pasado se hizo público el hackeo a la oficina de la consejería jurídica de la presidencia de la república, donde cibercriminales identificados como parte del grupo RansomHub, se apoderaron de 206 gigas de información confidencial. También la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reconoció a mediados de diciembre que desde inicio del 2024 había sido hackeada y señaló a dos empleados de estar detrás del ataque cibernético. El espectro de las amenazas híbridas apuntan a estar más presentes en este 2025.
@velediaz424
