Organizaciones de la iniciativa privada nacionales y de la Ciudad de México se oponen a la propuesta anunciada por el director del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, de regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.

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“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo”, aseveraron la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), las Confederaciones de Industriales (Concamin) y la Patronal (Coparmex), Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), así como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México (Canaco CDMX).
Las organizaciones recordaron que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.

Y es que, de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un total de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de éstas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios; “pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”.

Se recordó que durante la conferencia del pasado miércoles 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas, a lo que la mandataria afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.

Por ello, el empresariado mexicano consideró indispensable que esta posición “se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional”, señalaron los organismos de la iniciativa privada.

Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32 por ciento.

“Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto. La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país”.

Por lo anterior, los organismos empresariales rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigen que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley.

“El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la SEDATU o la CONAVI”, puntualizaron.