La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un grupo de víctimas y dio un plazo de 12 meses a la Fiscalía General de la República para abrir una averiguación previa y determinar si se ejerce o no la acción penal, en relación con hechos ocurridos en el periodo conocido como la Guerra Sucia.

Los ministros concedieron amparos a Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, y Flavia Cabañas Gómez, familiares del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Estas personas denunciaron que fueron detenidas, el 17 de enero de 1972 y el 18 de enero de 1973 por elementos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), y fueron torturadas.

Sin embargo, la FGR cerró los expedientes en 2022, argumentando que había prescrito el delito, por lo que estas personas se ampararon y ahora obtuvieron la protección de la justicia.

El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que esta postura implica una violación al derecho a la verdad de los ciudadanos.

“No podrá decretarse el no ejercicio de la acción penal si existen pruebas suficientes para acreditar que los hechos denunciados se encuentran bajo la clasificación de lesa humanidad”, subrayó.