PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México la impunidad de los delincuentes es el principal problema del sistema de justicia, pues el 98.4 por ciento de los delitos denunciados e investigados en la entidad quedó impune, de acuerdo con un análisis con los datos disponibles, de 2021.

Y aunque efectivamente hubo una disminución en delitos como secuestro y homicidios dolosos, otros se dispararon como la extorsión, con 54.7 por ciento y violencia familiar, con 25.5 por ciento. Además, a esto se suma la cifra negra, que es la proporción de delitos que no llegan a ser denunciados o investigados, que fue de 92.6 por ciento.

Además, todos estos datos se dan en el contexto de un aumento de 12.9 por ciento en la incidencia delictiva en el año de evaluación, pese al optimismo oficial.

El reporte Hallazgos desde lo local: CDMX, elaborado por México Evalúa, señala que sí hay en esta entidad un proceso de transformación institucional que se ha verificado desde 2019, y que fue detonado tras una profunda reforma constitucional.

Señaló que el Modelo 2020, la Política Criminal y el Plan de Transición de la Fiscalía General de la CDMX son un avance y a eso se suma un esfuerzo por reducir la asimetría presupuestaria, ya que el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reportó un aumento de 366.27 por ciento.

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En el Ranking de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, un indicador que mide las condiciones necesarias para la adecuada operación del sistema penal en cada entidad, Ciudad de México obtuvo 466 de los mil 200 puntos del estándar ideal para 2021, ubicándose en el lugar número 18, con 121 puntos por debajo del promedio nacional.

Un análisis de la Cuenta Pública de Ciudad de México revela que el gasto ejercido en la función de seguridad y justicia abarcó el 26.3 por ciento del gasto total, 15.7 por ciento mayor al promedio nacional. Al considerar la tasa por cada 100 mil habitantes, Ciudad de México se encuentra 476.7 millones de pesos por encima del promedio nacional.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Ciudad de México obtuvo una tasa de resolución de 36.6 por ciento, 13.5 por ciento por debajo de la tasa nacional, y un porcentaje de congestión de 63.4 por ciento. En tanto, el Poder Judicial de la Ciudad de México tuvo una tasa de resolución de 45.7 por ciento, contra una tasa de congestión de 54.3 por ciento.

Ante este panorama, la organización no gubernamental sugirió que la Fiscalía General desarrolle un esfuerzo de evaluación para medir su eficacia; así como el grado de éxito en la implementación de modelos de investigación, conforme a las prioridades establecidas en su Política y Plan de Persecución Penal.

“La secretaría general de Gobierno (del gobierno capitalino) debe realizar un análisis pormenorizado que incluya la proyección de cargas de trabajo, para identificar las necesidades apremiantes de las instituciones y garantizar la asignación de recursos”, concluyen los especialistas.