El coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que debe investigarse de manera inmediata la presunta relación de Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, con una orden de aprehensión en México por delitos vinculados al huachicol fiscal.

LEE ADEMÁS: Raúl Rocha, socio de Miss Universo, testigo protegido tras orden de captura

Señaló que, independientemente de su papel en el concurso, se trata de un delito grave ocurrido en territorio nacional y que el gobierno federal debe fijar postura.

En entrevista recordó que el caso forma parte de un esquema que, dijo, representa un robo estimado en 600 mil millones de pesos y sostuvo que la narrativa gubernamental intenta distraer estos temas sin aclararlos.

Añorve Baños señaló que, aunque no existe una investigación abierta específicamente sobre Miss Universo, hay vínculos públicos, renuncias de jueces e indagatorias relacionadas con corrupción que deben ser atendidas.

Afirmó que la representante mexicana acudió al certamen de buena fe, pero que el involucramiento del propietario del concurso en delitos cometidos en México obliga a esclarecer el caso y aplicar la ley, por lo que consideró necesario informar al país sobre el avance de las órdenes de aprehensión, las detenciones y la situación de los presuntos responsables.

El legislador sostuvo que este caso se suma a otros distractores, como la detención de personas en la marcha del 15 de noviembre, a quienes calificó como presos políticos de Morena.

Señaló que, mientras estos asuntos ocupan la atención pública, figuras como José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, a quien vinculó con acuerdos directos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, continúan en libertad sin que haya avances visibles.

Afirmó que la información publicada por el diario Reforma debe investigarse y no limitarse a una remisión a la fiscalía, y sostuvo que si se tratara de un opositor ya sería un escándalo en Palacio Nacional.

Añorve Baños señaló que la red de huachicol fiscal involucra a mandos y dependencias del Estado, lo que denominó “el cártel de Palacio Nacional” y aseguró que este entramado incluyó a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional y a empresarios, de los cuales, algunos ya son testigos protegidos en Estados Unidos.

Recordó casos de muertes que calificó como auto suicidios y mencionó denuncias previas sobre estos hechos, a los que definió como un acto de corrupción de gran magnitud, por lo que consideró que el vínculo de Rocha Cantú con el huachicol constituye un nuevo escándalo que carece de una aclaración firme del gobierno federal.