El gobierno de Estados Unidos enfrenta otra vez un “cierre de gobierno”, o también conocido allá en el norte como shutdown. Esto significa que gran parte de la administración federal se paraliza porque el Congreso no logra aprobar a tiempo el presupuesto o un acuerdo temporal para financiar sus operaciones.
Cuando esto ocurre, las agencias públicas suspenden todas las actividades que no sean “esenciales”. Cierran parques nacionales, museos y oficinas de atención. Cientos de miles de empleados públicos son enviados a casa sin sueldo, mientras que otros (militares, agentes fronterizos, controladores aéreos) deben seguir trabajando, pero sin cobrar hasta que se resuelva el bloqueo político.
Desde 1980 ha habido 14 shutdowns. La mayoría cortos, de apenas horas o días. Pero algunos fueron largos y costosos: en 1995, con Bill Clinton, el gobierno cerró 21 días; en 2013, con Barack Obama, 16 días por la disputa sobre Obamacare; y el más prolongado ocurrió en 2018-2019 bajo Donald Trump, con 35 días de parálisis por la pelea sobre el muro fronterizo, lo que costó más de 11 mil millones de dólares a la economía.
IMPLICACIONES LOCALES
El vínculo económico con Estados Unidos es tan estrecho que un shutdown nunca es un problema ajeno. México es su principal socio comercial y cualquier retraso en trámites federales se siente de este lado.
En la frontera, los servicios esenciales como aduanas y migración siguen operando, pero con menos personal. Eso significa filas más largas para viajeros y transportistas, inspecciones más lentas y cadenas logísticas retrasadas. Las empresas mexicanas que dependen del comercio transfronterizo son las primeras en resentirlo.
Los servicios consulares también pueden verse limitados. La embajada estadounidense en México ha advertido en otros cierres que sus redes sociales dejan de actualizarse y que algunas citas para visas o pasaportes pueden retrasarse. Aunque intentan mantener lo básico, el riesgo de demoras es real.
¿HA PASADO AQUÍ?
La respuesta corta: no. En México nunca hemos visto un cierre de gobierno por falta de acuerdos en el presupuesto. Nuestros legisladores han sido creativos para evitarlo.
Existe una figura llamada “reloj legislativo”. Cuando San Lázaro se retrasa en aprobar el Presupuesto de Egresos, los diputados simplemente “detienen” la sesión antes de que venza el plazo legal, aunque en la realidad ya hayan pasado días. Así logran extender el debate sin caer en incumplimiento formal.
El caso más famoso ocurrió en 2001, cuando la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Paredes, literalmente paró el reloj a las 23:59 del 31 de diciembre para permitir abrazos de Año Nuevo en el recinto legislativo y reanudar la discusión después de la medianoche. En 2019, el “reloj” se estiró 15 días completos. Una ficción legal, pero suficiente para que en México nunca se paralice el gobierno por falta de presupuesto.
El shutdown estadounidense nos muestra la fragilidad de la negociación política en Washington y el costo de la polarización. Para México, aunque no seamos protagonistas, sí somos espectadores afectados. Lo que pasa allá repercute en nuestras fronteras, comercios y bolsillos.
En cambio, aquí nuestros políticos optaron por trucos parlamentarios antes que por el riesgo de cerrar la administración pública. Será discutible en términos legales, pero funcional en la práctica.
EL DATO INCÓMODO
A pesar de que la reforma judicial garantizaba indemnizaciones a jueces en retiro, hoy más de 700 juzgadores protestan porque el nuevo Órgano de Administración Judicial suspendió pagos sin aviso. El problema ya escaló a Hacienda. Más allá del dato técnico: ¿hay problemas de dinero en el gobierno?
