Especialistas en seguridad advirtieron que el estallido de una camioneta cargada de explosivos en Coahuayana, Michoacán, se encuadra en el tipo penal de terrorismo, establecido en el Código Penal Federal, pero por criterios políticos la Fiscalía General de la República determinó quedarse con la versión de que es un ataque entre integrantes de la delincuencia organizada.
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El penalista Alberto Woolrich Ortiz advirtió que la FGR está actuando privilegiando los criterios políticos sobre los jurídicos, pues está pensando en la reacción de Estados Unidos frente a estos hechos.
Sin embargo, el jurista aclaró que la declaratoria del gobierno de EU sobre grupos terroristas se refiere a la producción y distribución de fentanilo, lo que en este caso no se encuadra, por lo que descartó que se pudiera vislumbrar algún tipo de intervención extranjera.
En entrevista con Ovaciones dejó en claro que tampoco se puede argumentar que no había una motivación ideológica en el ataque, porque finalmente de lo que se trata es de crear un ambiente de terror entre la ciudadanía.
Agregó que es obligación de la Fiscalía interpretar la ley en términos estrictamente jurídicos y no torcerla para ajustarla a sus intereses, pues está claro que este hecho es un acto de terrorismo, aunque está encuadrado en el marco de la delincuencia organizada.
El artículo 139 del Código Penal Federal establece que se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 a 1,200 veces la UMA a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, radioactivas o explosivos para causar alarma, temor o terror en la población.
O también, atente contra bienes, servicios o infraestructuras esenciales (como transporte, energía, comunicaciones) o genere daños que afecten gravemente la seguridad nacional o internacional.
Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, advirtió que el coche bomba es un acto extremo de violencia que no puede minimizarse ni tratarse como un hecho aislado.
Criticó que las autoridades se enreden en la discusión de si es terrorismo o narcoterrorismo, cuando lo esencial es nombrar la violencia de manera clara y asumir su impacto.
El especialista en seguridad enfatizó que el gobierno mexicano muestra una resistencia a usar el término terrorismo, lo cual refleja una estrategia política para evitar compromisos internacionales y reconocer la crisis de violencia.
“Nombrar terrorismo implicaría consecuencias internacionales, económicas y diplomáticas que nuestro país evita. Si México acepta que hay terrorismo, entonces habría terroristas, y el tratamiento del fenómeno trasciende nuestras fronteras”, dijo en entrevista con MVS Radio.
