De aprobar el Congreso de la Unión la reforma laboral, que contempla la reducción de 48 a 40 horas laborables a la semana, el costo para las empresas podría aumentar desde un 15 hasta 30%, por lo que los empresarios podrían evaluar la automatización de algunos puestos, afectando a la planta trabajadora, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Por otro lado, el organismo confía que el gobierno que presidirá Claudia Sheinbaum Pardo, lleve a cabo una reforma fiscal integral, no para crear un aumentar impuestos, sino para estudiar la forma de allegarse de más recursos.

En cuanto al tema laboral, Rolando Silva Briceño, vicepresidente Fiscal del organismo, explicó en conferencia de prensa, que una fábrica maquiladora con algunos horarios más amplios de las ocho horas o bien con operaciones incluso 24/7, representaría que por cada cuatro trabajadores, la empresa tendría que contratar a un trabajador adicional, situación que incrementaría un pasivo laboral adicional, así como vacaciones adicionales seguridad social, Infonavit, entre otros.

Alertó que este tipo de modificaciones sí podría impactar en las decisiones de los inversionistas que buscan la relocalización de algunas empresas en territorio nacional.

“Somos impulsores convencidos de la mejora de los derechos laborales, que más allá de un tema de confort, hoy representa una deuda social con quien más lo requiere; pero no podemos soslayar que la motivación para la generación de una fuente de empleo desde la iniciativa privada es obtener alguna utilidad y que mientras se mantenga esta relación, estamos obligados a buscar un equilibrio y la gradualidad que estos ameriten, para no convertir una solución en un problema”, dijo.

Silva Briceño observó que se está obligado a realizar los esfuerzos necesarios para aprovechar los temas coyunturales como el nearshoring, “pero no podemos reducir el momento a la colocación de mano de obra económica y facilidades para la reubicación”.

Por otro lado, Héctor Amaya Estrella, presidente del IMCP, dijo que el organismo confía que el gobierno que presidirá Sheinbaum Pardo, lleve a cabo una reforma fiscal integral, no para crear o aumentar impuestos, sino para estudiar la forma de allegarse de más recursos, inclusive, para el Fondo de Pensiones del Bienestar.

Ello, al no tenerse la certeza de si el dinero del que se ha allegado el gobierno para la pensión complementaria, alcanzará efectivamente en las siguientes décadas.

Agregó que sería una serie de facilidades que permitirían a la economía presentar un mayor dinamismo en un entorno de desaceleración que se anticipa para la segunda mitad del año y el entrante.

“Lo que mostraríamos a la presidenta electa serían caminos que consideramos técnicamente pudieran dar mayor ingreso, más crecimiento económico, esa parte es la que nos tiene que mover, lo que pudiera generar más ingresos y más pago de impuestos al facilitar las deducciones, los impactos que tendrían en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las modificaciones con más economía. Otra sería la homologación del IVA, no debe dar miedo, en todas las áreas hay por donde caminar”, señaló.

El presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, Jorge García González señaló que la “situación no puede seguir así”, por lo que se requiere un esquema más flexible para las deducciones fiscales, que se han complicado por las diferentes estipulaciones que se tienen en la legislación tributaria.