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El gobierno de Sheinbaum enfrenta críticas por politizar la marcha juvenil, exponer datos personales, inconsistencias en seguridad y contradicciones en Pemex.



El gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó la idea de convertir la ‘espontánea’ marcha juvenil del 6 de diciembre, llamada “marcha del tigre”, en una “celebración” por los siete años de la ‘cuarta transformación’, lo que exhibe un intento de apropiarse de una movilización… ¿ajena?, en un uso político del aparato gubernamental para blindar un proyecto que enfrenta cuestionamientos sobre seguridad, corrupción e impunidad. La convocatoria mostró un ánimo militante que el gobierno adoptó sin matizar. Una estrategia orientada a mostrar músculo político mediante un acto que diluye los límites entre participación ciudadana genuina y respaldo fabricado desde el poder.

Riesgo

Más allá de la pugna política entre partidos y el gobierno federal por la marcha de la llamada generación Z, causó polémica que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, diera a conocer un contrato de Edson Andrade, quien promovió activamente la marcha del sábado, con el PAN. El problema es que exhibió el documento sin testarlo, es decir, sin cubrir los datos personales del joven, lo que, dijo, lo pone en riesgo. Frente a la ira oficialista, su cacería de brujas y la desaparición del Inai, ni con quién quejarse.

No es suficiente

Aunque el gobierno federal presume la detención de un presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, las voces que piden justicia de fondo no se apagan. El diputado Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, puso en duda la versión oficial de Omar García Harfuch, quien ligó el crimen al Cártel Jalisco Nueva Generación. Bautista señaló directamente al exalcalde Ignacio Campos, a quien Manzo denunció en vida, y criticó que haya más de 100 denuncias congeladas en su contra. Se suma así a la exigencia de Grecia Quiroz, viuda de Manzo: sin verdad completa, no hay justicia. Ni respuesta.

CNDH, en otro tema

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, por fin habló… pero no del despliegue atlético con el que la policía de Pablo Vázquez repartió golpes, patadas y gases —sí, también a menores— durante la marcha de la generación Z, donde el bloque negro decidió reventar. Allí, el célebre “acompañamiento” parece bastar. En cambio, celebró la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. Perfecto timing… para lo que sea que tenga en su agenda.

Vicios ocultos

La admisión de Pemex ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos expuso un flanco incómodo para el gobierno federal, porque evidenció que la empresa aún carga riesgos estructurales por el huachicol fiscal, pese a los anuncios oficiales que presumen caídas drásticas en el robo de combustible. La presidenta Sheinbaum dejó sin aclarar por qué la petrolera advierte vulnerabilidades ante inversionistas mientras en México se asegura que las ventas legales van al alza, una contradicción que erosiona la narrativa de control absoluto sobre la cadena de combustibles.