Morena y sus aliados impusieron, una vez más, su mayoría, para adelantar la discusión de la Ley General del Agua y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y aprobarla totalmente la madrugada de este jueves, para ser enviada al Senado de inmediato.

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En medio de protestas de organizaciones campesinas, que bloquearon las entradas a la Cámara de Diputados con tractores, y tras alrededor de seis horas de discusión, entre pancartas, gritos y acusaciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones y hasta el cierre de esta edición desahogaban las más de 500 reservas que serán presentadas por 154 oradores, de las cuales sólo se acepten 18 de Morena y sus aliados.

#ALMOMENTO | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó, en lo general, el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. pic.twitter.com/h74fnrJsSn

— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 4, 2025

En un ríspido intercambio de acusaciones por los efectos de esta reforma legal, los legisladores dieron luz verde a este dictamen y se preparaban para desahogar las reservas, con la intención de remitirlo de inmediato al Senado de la República para su aprobación en un trámite más que exprés.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que el dictamen aprobado incorpora 50 precisiones para fortalecer la soberanía hídrica y priorizar el uso doméstico y alimentario. No se criminaliza al campo; se protegen el binomio tierra-agua y los derechos sucesorios. “Provenimos del campo y no traicionaremos a los productores”, sentenció.

Al inicio de la discusión, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Elizabeth Cervantes de la Cruz, subrayó la importancia de aprobar este dictamen “que le cierra la puerta a la corrupción, a los abusos y al mercado negro que lucró con el vital líquido durante muchas décadas”.

Subrayó que el decreto transforma el régimen del agua en México y garantiza de manera efectiva el derecho humano al agua para todas y todos, otorgando certeza jurídica a través de la conformación de un sistema de concesiones más ordenado y transparente, que frene el acaparamiento y ponga un punto final a la sobreexplotación.

Detalló que en las audiencias públicas se registró la participación de más de 400 personas de todos los sectores, grupos y organizaciones.

Citó que entre los avances más importantes contenidos en la Ley de Aguas Nacionales destaca la certeza jurídica y accesibilidad, crea el Registro Público Nacional de Agua para poner fin a los manejos opacos, al abuso de concesiones y sobreexplotación, y ordena el sistema de concesiones y asignaciones, haciéndolo claro, expedito y transparente.

En contraposición, los diputados del PRI y el PAN que los campesinos fueron engañados por el gobierno y sus legisladores, pues en realidad los coloca en la incertidumbre jurídica y una absoluta desventaja, agravando sus condiciones de vida.

Los legisladores del PAN advirtieron que quieren engañar a la gente diciendo que esta es una ley para garantizar el derecho al agua, cuando en realidad lo que hace esta ley es centralizar, controlar y secuestrar el recurso más importante del país.

El coordinador Elías Lixa sentenció que hay una mayor concentración de poder, además de abrir la puerta a discrecionalidad, opacidad y control político sobre comunidades y actividades productivas. “El agua no puede convertirse en botín ni en herramienta de presión política. No vamos a dejar solos a quienes alimentan a México y mantienen vivo al país mientras el gobierno los ignora”, sentenció.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que es perverso que Morena quiera engañar a los productores del campo, ya que no hizo cambios de fondo en la propuesta, con la que pretende un control político y dar más facultades al gobierno morenista y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Exigió además que se haga la consulta a los pueblos indígenas y que se haga una nueva legislación que atienda a las 32 entidades de la Federación, y reclamó por la desaparición de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que ayudaba a los campesinos más pobres.