En el primer día del periodo extraordinario de sesiones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó formalmente la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y sus funciones fueron asumidas por el Instituto Nacional de Geografía, quien se encargará de la medición de la pobreza y la evaluación de la política social.
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Las reformas a las leyes generales de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental, fueron avalados por 353 votos a favor y 126 en contra de la oposición.
Determina que el Inegi llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información y se deberá mejorar la medición y garantizar que los indicadores de mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados en el tiempo y espacio.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, explicó que con esta reforma se avala la opacidad completa y se destruyen las instituciones de los mexicanos.
En tanto que el panista el PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández señaló que con la extinción del Coneval se perdió una institución técnica evaluadora de la política social con plena autonomía, y se debilitaron los contrapesos sanos del ejercicio de gobierno “que se consolida como juez y parte al ejercer los programas sociales y calificar sus resultados”. Además, se perdió la metodología imparcial que exigen estos procesos, lo que redundará en opacidad y falta de transparencia.
REFORMA AL IMSS
Los diputados aprobaron también modificar Ley del Seguro Social, en materia de seguro por desempleo, con el objetivo de proteger uno de los bienes más valiosos para toda persona trabajadora, su ahorro para el retiro, ya que la legislación contempla el retiro por desempleo como un derecho de las y los trabajadores, y puede realizarse de manera parcial desde la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y existen dos modalidades establecidas.
La modalidad A permite retirar el equivalente a 30 días del último salario base de cotización con un tope de diez Unidades de Medida de Actualización. En la B, elegir entre 90 días del salario base promedio de los últimos cinco años cotizados, o bien el 11.5% de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, eligiendo la cantidad menor.
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El objetivo es prevenir fraudes, poniendo candados para proteger los recursos de las y los trabajadores, evitando cualquier intento de abuso por parte de los gestores.

Foto: Cortesía Cámara de Diputados 


