El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Economía Circular y reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley de Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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Con este nuevo marco legal se establece el Sistema Nacional de Economía Circular, que tendrá como objetivo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los fines de la economía circular.

Los objetivos de esta ley buscan transformar el modelo de producción y consumo, pasando de un esquema lineal de producir, usar y desechar hacia uno circular que priorice la reducción de residuos, el reciclaje inclusivo y la prolongación de la vida útil de los productos.

Plantea reducir desperdicios y residuos a través de lineamientos nacionales de reciclaje y aprovechamiento de materiales, extender la vida útil de los productos promoviendo su reutilización y reparación, e impulsar el reciclaje inclusivo, reconociendo la labor de pepenadores y recicladores de base.

En tribuna, los legisladores señalaron que se trata de transformar el modelo económico hacia prácticas sostenibles, alineadas con tendencias internacionales y privilegiando la protección del medio ambiente como derecho humano, en concordancia con el artículo 4 constitucional.

Se incluyó el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, que obliga a fabricantes a hacerse cargo del ciclo completo de sus productos, desde su producción hasta su disposición final.

También se incorporan instrumentos económicos y auditorías ambientales para garantizar el cumplimiento de la ley y la implementación de programas educativos.

El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, vicepresidente de la Mesa Directiva, aseguró que la Ley General de Economía Circular cambiará el paradigma económico del país, producirá menos basura y más empleos para quienes más lo necesitan.

Explicó que actualmente se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos cada día, de los cuales 12 mil toneladas no son recolectadas, todas ellas tiradas en más de 2 mil 500 vertederos al aire libre que afectan a las comunidades.

Con esta ley se pretende que un producto cuando termine su vida útil regrese al círculo económico, ya sea a través del reciclaje, reutilización o reusado.

Hizo hincapié en que este marco normativo garantizará inclusión social, desarrollo económico y cuidado al medio ambiente.

“Cambiando este paradigma económico entendemos que la naturaleza no nos necesita para existir, pero nosotros sí la necesitamos para vivir, porque votando a favor de este dictamen estamos generando economía, combatiendo la pobreza y dejando de producir tanta basura”, afirmó.