El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que establece regulaciones para el registro, control y vigilancia de armas, municiones y explosivos, asignando la responsabilidad principal a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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El documento aprobado por unanimidad deriva de una iniciativa presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre del año pasado y que propone un control estricto por parte de la Sedena, que se encargará de la revisión de todas las armas en México, además de otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias y permisos relacionados con armas de fuego. Las armas automáticas de alto calibre quedan reservadas exclusivamente para fuerzas de seguridad pública y militares.

Además, mantiene la autorización para otorgar permisos a particulares, pues autoriza la posesión de armas en domicilios para seguridad personal y permite su uso a actividades deportivas como tiro y caza, con restricciones claras. Las asociaciones deportivas y charros también cuentan con regulaciones específicas para el transporte y uso de armas.

Sin embargo, se prohíbe la conversión de armas semiautomáticas en automáticas, y el empleo de accesorios como visores térmicos o holográficos si no tienen un propósito legítimo y también se establecen fuertes sanciones económicas y penales para quienes incumplan estas disposiciones, como el tráfico ilegal de armas.

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En el caso de la regulación de explosivos, que queda prohibida la fabricación, transporte y uso de artefactos explosivos improvisados, salvo excepciones bajo permiso expreso.

Asimismo, en el caso del fallecimiento del propietario de un arma, los herederos deben tramitar el destino de las armas en posesión del titular fallecido ante el Registro Federal de Armas de Fuego.

Las penas para quien viole la ley incluyen cárcel y multas dependiendo del tipo de infracción, como el tráfico ilícito de armamento, almacenamiento no autorizado de municiones o la venta de explosivos sin licencia.

La reforma busca mejorar la seguridad nacional, endurecer las medidas de control y sanción contra el tráfico de armas, y garantizar un marco más riguroso en la posesión de armamento y explosivos en el país.